La Defensoría del Pueblo mantiene el monitoreo a la marcha de campesinos que partió desde Pando y Beni con destino a La Paz. La labor se realiza a través de la Unidad de Coordinación Regional de los Yungas.
Durante el seguimiento, la institución identificó la presencia de lactantes, niñas, niños y adolescentes que acompañan a sus familias en la movilización.
Por ello, la oficina activó la necesidad de protección especial para estos grupos, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales.
Los marchistas expresaron demandas urgentes vinculadas a la provisión de medicamentos, alimentos y ropa abrigada, ante las condiciones del recorrido. La Defensoría advirtió que estas carencias pueden afectar la salud y la integridad de quienes participan en la movilización.
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A su vez, la entidad exhortó a las autoridades competentes a garantizar atención humanitaria inmediata, acceso a servicios de salud y condiciones dignas para los movilizados, con prioridad en sectores vulnerables.
También pidió la apertura de espacios de diálogo efectivos que permitan atender las demandas del sector dentro del respeto a los derechos humanos.
Los marchistas exigen la abrogación de la Ley 1720, de reconversión de tierras. Argumentan que esta norma facilita la concentración de tierras en pocas manos y permite que pequeñas propiedades tituladas se conviertan en medianas propiedades, lo cual consideran una amenaza a la propiedad comunitaria y a sus derechos territoriales.
