El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó este viernes que el Gobierno no evalúa declarar un estado de excepción pese a los pedidos de algunos sectores políticos para aplicar medidas de “mano dura” frente a los bloqueos y movilizaciones que afectan al país.
“No se ha evaluado una situación de esa naturaleza”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de aplicar esa medida, principalmente en el departamento de La Paz.
La Central Obrera Boliviana (COB), los Ponchos Rojos, mineros cooperativistas y sectores afines al evismo exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En un inicio, dichos sectores demandaban soluciones a la crisis económica y al abastecimiento de carburantes; sin embargo, posteriormente dejaron de lado sus pliegos petitorios para pedir únicamente la dimisión del mandatario.
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Lupo señaló que el Ejecutivo mantiene abiertas todas las herramientas que permite la ley, aunque insistió en que la prioridad del Gobierno es encontrar una salida dialogada al conflicto.
“Nosotros insistimos en que el instrumento para solucionar estos conflictos es el diálogo”, añadió.
Afirmó que las conversaciones deben instalarse sobre demandas “racionales” y libres de intereses “antidemocráticos”, y aseguró que el escenario cambia constantemente debido a la complejidad de la crisis.
Asimismo, el ministro denunció que algunos bloqueos vulneran derechos fundamentales y afectan directamente a la población. “La población está pagando con su esfuerzo esta actitud antidemocrática, ilegal y temeraria”, declaró.
Lupo también cuestionó que algunos sectores impidan el paso de ambulancias y advirtió que esos hechos constituyen delitos. “No dejar pasar ambulancias es un delito donde la ley va a caer con todo su peso”.
En los últimos días, distintos actores políticos y cívicos pidieron al Ejecutivo asumir medidas más drásticas frente a los bloqueos, mientras el Gobierno insiste en evitar una escalada de violencia y mantiene abiertas mesas de diálogo con algunos sectores sociales.
