El Gobierno descartó declarar un estado de excepción pese a la escalada de violencia registrada en La Paz y anunció el refuerzo de operativos de seguridad para contener nuevas movilizaciones y hechos vandálicos en la sede de Gobierno.
Autoridades del Ejecutivo afirmaron que los disturbios del lunes fueron protagonizados por grupos desplazados desde el Chapare y aseguraron que varios de sus integrantes ya fueron identificados por las fuerzas del orden.
Violencia en La Paz
Según el Gobierno, las movilizaciones dejaron de responder únicamente a demandas sociales y derivaron en actos organizados de violencia, saqueos y ataques contra instituciones públicas y efectivos policiales.
“El Gobierno va a hacer respetar la Constitución y las leyes”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, al señalar que la administración de Rodrigo Paz mantendrá abierta la vía del diálogo, aunque endurecerá las acciones frente a hechos considerados ilegales.
Las declaraciones surgen luego de una jornada de enfrentamientos en el centro paceño, donde grupos movilizados intentaron avanzar hacia Plaza Murillo y se registraron agresiones a policías, periodistas y daños a bienes públicos, incluidas estaciones de Mi Teleférico.
Gobierno
Pese a los pedidos de “mano dura” y de aplicar medidas extraordinarias formulados por distintos sectores políticos y sociales, el Ejecutivo reiteró que no evalúa por ahora declarar un estado de excepción.
“No se ha evaluado una situación de esa naturaleza”, sostuvo días atrás el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien aseguró que el Gobierno prioriza una salida basada en el diálogo y la institucionalidad.
Entretanto, las autoridades confirmaron que policías y militares continuarán desplegados en puntos estratégicos de La Paz y El Alto para garantizar el abastecimiento, la libre transitabilidad y la protección de instalaciones estatales.
Seguridad
Además, el Ejecutivo activó corredores humanitarios y puentes aéreos para asegurar el ingreso de alimentos, medicamentos y combustibles hacia la sede de Gobierno.
El conflicto social ingresó esta semana en su tercera semana consecutiva, con bloqueos, marchas y protestas impulsadas por sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas y grupos vinculados al evismo, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
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