Dos variables son fundamentales para entender – como aproximación – la profunda crisis de la gestión de la política pública en el país. La primera: ya no hay ninguna conexión. Ningún vínculo y mucho menos, una representación político-partidaria en el país. Hay una durísima insatisfacción con el sistema democrático que no parece resolver – hasta ahora, después de casi 43 años de retorno a la democracia en Bolivia – los problemas más básicos y urgentes de la población como el acceso a la salud y a la educación de calidad y, por supuesto, tener certidumbre laboral y económica, aunque sean mínimas.
La segunda, quizás la más volátil, la profunda insatisfacción con el actual modelo democrático y el marcado divorcio de la sociedad civil con sus instituciones de todo nivel. Casi todos los estudios consignan que los bolivianos – mucho más los jóvenes – miran a la democracia como un escenario político que no resuelve casi ninguna de sus demandas sociales, mucho menos aquellas relacionadas con las estructurales y que son absurdamente básicas como el orden social, libre tránsito por el país, instituciones transparentes y la posibilidad de tener un bienestar económico cierto, por lo menos, en un tiempo mediano.
La conclusión a la que llega una gran mayoría de los jóvenes bolivianos es lapidaria: la democracia no nos dio nada. Y tampoco esperamos algo de ella. Las percepciones hacia la democracia son negativas. Que no va a alcanzar para resolver los problemas estructurales críticos del país. Así como están las cosas, a nadie le esta funcionando el sistema, tal y como esta vigente. Sobre todo, al formal, al legal, al que paga impuestos, al que paga toda la tramitología. Los otros, gozan de mil de beneficios y además exigen espacios de poder solo por ser movimiento social. La desigualdad ahora es a a la inversa.
Hay rabia y frustración. Y esto se agrava cuando está en juego la esperanza de un cambio real. La única válvula que garantizaba resultados económicos positivos y un reordenamiento social y político, después de todo este larguísimo proceso eleccionario, pareciera estar trunca. Inamovible. Estática. Y esta percepción ocasiona que los bolivianos se tornen agresivos con su entorno y, especialmente, con sus gobernantes de turno, a quienes se les exige mano dura o el inicio de un sistema autoritario que ponga orden y paz en el país. El cansancio y el agotamiento nubla juicios. No se piensa con claridad. Hay una especie de congestión cerebral. Todos mascullan con rabia un basta; un hay que poner orden, un hay que frenar el abuso sindical corrupto y mafioso de unos pocos y que tanto daño le hacen a un país entero.
La frustración, por lo tanto, no debería convertirse en un patrón habitual de conducta, ya que cualquier otro error o muestra de debilidad frente a quienes provocan y generan caos, podría significar la aparición de conductas in extremis violentas y la gestión de escenarios convulsos. Nadie, en su sano juicio, quiere escalar esos peldaños hacia una crisis aguda. Salvo, claro está, aquellos movimientos sociales cooptados por la corrupción y aglutinados en torno a intereses mezquinos.
La pregunta que cae sobre la mesa es ¿hasta qué punto podría asentarse la democracia en una sociedad marcada por los altos niveles de informalidad, pobreza y creciente desigualdad. Hasta qué punto la ya frágil democracia podría mantenerse viva, sin que se caiga en un autoritarismo, como única respuesta a la sociedad que en su conjunto quiere paz, tranquilidad y prosperidad.
Globalmente, casi la totalidad de los regímenes democráticos atraviesan por ataque sostenido y que pone en riesgo sus estabilidad y continuidad. El estrés es cada vez mayor y, tal y como lo plantea el italiano Da Empoli estamos viviendo tiempos de depredadores democráticos, que a diario horadan las bases constitucionales, legales y hasta formales de una democracia. Ya no nos queda casi nada de qué afianzarnos. De qué hilo jalar para no caer en desgracia. Sólo sabemos que la rabia y la frustración están carcomiendo la cultura política.
