La posibilidad de que el Gobierno recurra a un estado de sitio o de excepción para enfrentar los bloqueos y la creciente conflictividad social podría tener un alto costo político para el presidente Rodrigo Paz.
Los analistas Reymi Ferreira y Carlos Saavedra advirtieron que una salida represiva podría profundizar la polarización y desencadenar escenarios de violencia con consecuencias imprevisibles.
Estado de excepción
A 25 días de bloqueos, problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, además del incremento de precios en la canasta familiar, el Gobierno enfrenta fuertes presiones de distintos sectores para restablecer la transitabilidad.
Sin embargo, los analistas consideran que una intervención basada en la fuerza podría generar un costo político mucho mayor que el desgaste provocado por la propia protesta social.
El analista político y exministro Reymi Ferreira sostuvo que el Gobierno se encuentra ante una “encrucijada” compleja: intervenir con fuerza para resolver temporalmente el conflicto o apostar por una salida de fondo basada en el diálogo y la negociación.
Analistas
“El gobierno está en una encrucijada: o utiliza la fuerza y resuelve a corto plazo el conflicto, el que reaparecerá por cualquier otro motivo o proyecta una acción de fondo pero que requiere más tiempo”, afirmó.
Ferreira consideró que, pese al impacto económico y social de los bloqueos, el Ejecutivo todavía está a tiempo de evitar una escalada mayor si logra tender puentes entre sectores enfrentados en un contexto de creciente polarización política y social.
“Estos conflictos son una alerta que el gobierno no debe ignorar ni subestimar, está aún a tiempo de establecer un puente entre los sectores contrapuestos y altamente distanciados de la abigarrada sociedad boliviana”, sostuvo.
