El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció este lunes que se realizará una auditoría jurídica exhaustiva de todos los procesos relacionados con los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba, en los que perdieron la vida decenas de civiles durante la crisis política en noviembre de 2019.
Explicó que la medida no “responde a un capricho institucional”, sino que se trata de una recomendación de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, encargado de dar seguimiento a las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre estos hechos, así como de la Defensoría del Pueblo, que instó al Consejo de la Magistratura a revisar más de 80 causas abiertas por estos sucesos.
“La Sala Plena del Consejo de la Magistratura ha determinado por unanimidad realizar auditorías jurídicas a todos los procesos iniciados en emergencia durante 2019, emitir un pronunciamiento público y establecer un trabajo de control y fiscalización inmediato sobre los casos de Senkata y Sacaba”, declaró Baptista.
El titular de la Magistratura también se refirió a casos emblemáticos, como el de la expresidenta Jeanine Áñez. Indicó que aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha revisado una de las sentencias, hasta la fecha no ha remitido formalmente la resolución al Consejo, lo que impide determinar si existen responsabilidades penales o disciplinarias en contra del juez que dictó la sentencia.
Además, el Consejo ha solicitado información al Ministerio Público y al Servicio Plurinacional de Defensa de las Víctimas (CEPDAV) recibiendo listados de los procesos en los que estas instituciones se han apersonado.
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Según Baptista, algunos casos están aún en curso, otros han recibido sentencia y algunos fueron rechazados, pero todos serán objeto de control por el Consejo de la Magistratura, que verificará que los procesos hayan respetado el debido proceso y la normativa vigente.
El presidente de la institución enfatizó que, aunque el Consejo de la Magistratura no puede revisar el fondo de las sentencias, sí tiene competencia para sancionar a jueces que hayan actuado fuera del marco legal. “En caso de encontrar responsabilidades, los jueces también serán sancionados”, advirtió.
Con estas medidas, según la nota de prensa, el Consejo de la Magistratura busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en uno de los episodios más “polémicos” de la historia reciente de Bolivia, marcado por la controversia sobre la justicia y la memoria de las víctimas.
