Este lunes, varios sectores sociales cumplieron la segunda semana de movilizaciones en contra del Decreto Supremo 5503, cuya principal polémica radica en la eliminación a la subvención a los combustibles, lo que encarece el costo del transporte y de productos básicos.
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a la movilización en el centro de La Paz y explicó que se exige la derogación del decreto, no solo por el tema de la subvención, sino por todo el contenido del documento, el cual es calificado como inconstitucional.
“Es contradictorio e inconstitucional (…), hay errores ortográficos, prácticamente los que han elaborado este decreto lo han hecho de manera irresponsable. Pónganse a revisar cada uno de los artículos”, afirmó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, este lunes en conferencia de prensa.
El dirigente utilizó como ejemplo el caso del artículo 17 del Decreto 5503, el cual establece que, en los casos de conciliación y arbitraje con empresas internacionales, el tribunal puede componerse por “árbitros nacionales o internacionales”, lo que, en su criterio, vulnerará los intereses del país.
Rechazo
De las movilizaciones también participan la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), una parte de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), el Magisterio Urbano, entre otros.
Pese a los intentos del Gobierno de convocar al diálogo, los sectores se mantienen firmes en exigir la derogación del decreto, punto que para las autoridades es innegociable, pues en él se establecen las bases de un nuevo modelo económico para el país tras los casi 20 años del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Como no había ocurrido anteriormente, este lunes un grupo de transportistas se concentró en Chasquipampa, en la zona sur de la ciudad de La Paz, para iniciar una marcha exigiendo la eliminación del Decreto Supremo 5503, debido a que encareció en hasta 163% el precio de diésel, lo que dificulta las operaciones.
De igual manera, el Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (Conacmin) anunció que se suma esta semana a las medidas de presión, pese a los festejos por las fiestas de fin de año.
La COB no cesó sus movilizaciones ni siquiera en Navidad ni en el feriado del 26 de diciembre. Argollo indicó que si no se toman acciones en este momento, más adelante el país pagará las consecuencias.
En su criterio, si el Gobierno hubiera socializado el contenido del decreto y consensuado con todos los sectores los principales puntos del documento, no habría protestas ni reclamos, pero considera que fue una imposición del presidente Rodrigo Paz Pereira.
