Desde este jueves entra en vigencia el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 elaborado por la anterior administración del Movimiento Al Socialismo (MAS), al no haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa dentro del plazo constitucional.
La normativa presupuestaria rige de manera automática y permanecerá en aplicación, al menos, hasta febrero, mientras el actual Gobierno define un eventual ajuste.
La Constitución establece un plazo de 60 días para que el Legislativo trate y apruebe el proyecto de presupuesto. Al no cumplirse ese requisito hasta el 31 de diciembre, el PGE entra en vigor por mandato legal, una situación que se repite por tercer año consecutivo y que vuelve a dejar sin debate parlamentario la principal herramienta de planificación económica del Estado.
PGE
El presupuesto en vigencia fue diseñado bajo los lineamientos macroeconómicos del anterior gobierno y mantiene variables y estructuras que ya no responden plenamente a la actual configuración del Ejecutivo. Entre las observaciones planteadas desde la nueva correlación política se encuentra la falta de adecuación del gasto a la reducción del número de ministerios, así como proyecciones económicas que arrastran supuestos del modelo aplicado durante la gestión pasada.
Durante su tratamiento legislativo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con modificaciones e incorporó un artículo que otorga un plazo de 90 días al Ejecutivo para remitir un presupuesto reformulado. Sin embargo, el Senado rechazó la norma al considerar que no reflejaba la situación económica real del país y que respondía a una lógica de gasto expansivo.
El PGE 2026 contempla un presupuesto agregado de Bs 377.836 millones y un presupuesto consolidado de Bs 298.331 millones, con un incremento moderado respecto a la gestión anterior. Asimismo, proyecta un crecimiento económico de 0,9%, una inflación de 10,1% y un déficit fiscal equivalente al 10,3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Desde el Legislativo se anunció que, una vez instalada plenamente la nueva legislatura, se insistirá en el cumplimiento del plazo para la presentación del presupuesto reformulado. De no concretarse ese ajuste, no se descartan acciones de fiscalización contra las autoridades del área económica.
Mientras tanto, el PGE 2026 del MAS marca el inicio del año fiscal bajo un esquema transitorio, en un escenario donde el nuevo Gobierno explicó que, sin ese documento, se habría paralizado el funcionamiento del Estado.
