La justicia de Santa Cruz dispuso la detención preventiva por seis meses en la cárcel de Palmasola para la representante legal de la empresa involucrada en el envío de un cargamento de 20 toneladas de madera impregnada con cocaína, cuyo destino final era España y que fue descubierto en el puerto de Arica, Chile.
El Ministerio Público la imputó por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y organización criminal, aunque no dio a conocer su nombre.
El fiscal del caso, Julio César Porras, explicó el miércoles que la empresa se encuentra legalmente constituida y opera desde hace varios años; sin embargo, las investigaciones establecieron que su representante legal tenía “pleno conocimiento” del contenido ilícito del cargamento.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía ejecutó el allanamiento de las oficinas de la empresa y procedió al secuestro de documentación original, actualmente en análisis, con el objetivo de identificar a otros posibles responsables.
“Es un caso complejo por la magnitud y la cantidad de la sustancia, pero la documentación secuestrada nos está dando directrices claras para seguir avanzando”, sostuvo Porras.
El hecho también es investigado en Chile por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y otros, los mismos que son indagados en Bolivia. Al respecto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que existe coordinación permanente con las autoridades chilenas y con los fiscales de Arica.
La semana pasada, autoridades chilenas decomisaron droga procedente de Bolivia camuflada en mercadería de exportación.
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En el operativo se detectó clorhidrato de cocaína impregnado en un cargamento de 20 toneladas de madera de origen boliviano. La Fiscalía de Chile señaló que, si bien ya se habían registrado envíos de madera con anterioridad, este caso presenta características inéditas.
Por su parte, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, indicó que el cargamento fue enviado el 25 de octubre, durante la gestión del presidente Luis Arce Catacora.
La confirmación del origen del cargamento reavivó el cruce de acusaciones entre el vicepresidente Edmand Lara y el viceministro Justiniano. Lara utilizó el caso para reiterar denuncias sobre presuntos vínculos del denominado “zar antidrogas” con estructuras del narcotráfico y lo acusó de encubrir a jefes policiales con antecedentes cuestionados.
Justiniano rechazó de manera categórica estas acusaciones y las calificó como “ataques políticos sin sustento”, reiterando que las investigaciones están a cargo del Ministerio Público y que su despacho coopera plenamente con la Policía Boliviana.
