Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), enfrenta seis procesos penales por presuntos hechos de corrupción, informó el Ministerio de Gobierno.
Esa cartera de Estado precisó que la investigación se centra en una serie de delitos vinculados al manejo de recursos públicos durante su gestión al frente de la estatal.
La aprehensión de Flores se realizó la mañana de este viernes en la ciudad de La Paz, en cumplimiento de una orden emitida por el Ministerio Público y ejecutada por la Policía Boliviana. El exfuncionario había incumplido la medida de detención domiciliaria dispuesta por una autoridad judicial y fue declarado en rebeldía desde noviembre de 2025.
Emapa
De acuerdo con el reporte oficial, entre los delitos por los que se investiga a Flores se encuentran incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado. Todos estos procesos están relacionados con proyectos productivos y con la administración de recursos públicos en Emapa.
El Ministerio de Gobierno remarcó que estos hechos forman parte de investigaciones en curso y que corresponde a las instancias judiciales determinar responsabilidades en el marco del debido proceso. En ese sentido, el Órgano Ejecutivo reiteró que la lucha contra la corrupción es una política central del Estado y que no se encubrirá a exautoridades que enfrenten denuncias graves.
Además, la cartera de Gobierno aseguró que la Policía Boliviana continuará colaborando con el Ministerio Público y las autoridades judiciales para garantizar que los procesos se desarrollen conforme a la ley, en resguardo de los intereses del Estado y de la población boliviana.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el exgerente de la empresa estatal enfrenta cuatro órdenes de aprehensión. Asimismo, indicó que la fiscalía solicitará cuatro meses de detención preventiva hasta que concluyan las investigaciones.
Por su parte, Flores aseguró su inocencia y dijo que tiene todos los descargos para justificar los movimientos económicos presuntamente irregulares.
