El 2026 se proyecta como un año determinante para el rumbo del país y para la gestión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que deberá enfrentar de manera simultánea desafíos estructurales en los ámbitos político, económico y social.
Los analistas económicos coincidieron en que el contexto ya no admite postergaciones y que el ajuste macroeconómico dejó de ser una discusión teórica y se convirtió en un proceso real, con costos, tensiones y decisiones que marcarán el mediano y largo plazo de Bolivia.
El desafío más urgente será estabilizar una economía golpeada por múltiples desequilibrios. Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), sostuvo que el 2026 será el año en el que el ajuste macroeconómico dejará de ser una discusión teórica para convertirse en un proceso real que deberá ser administrado con precisión, cuidando la capacidad productiva del país y la estabilidad social.
Indicó que el desafío no será unicamente reducir el déficit fiscal, sino hacerlo sin paralizar la actividad productiva ni destruir el empleo, en un contexto donde la confianza del sector privado se vuelve un factor determinante para la recuperación.
Según Antelo, la disciplina fiscal y la racionalización del gasto público aparecen como ejes inevitables, pero insuficientes si no están acompañados de señales claras de estabilidad y previsibilidad.
“ La inversión privada, nacional y extranjera, será decisiva para sostener la actividad económica y el empleo. La estabilidad, además, necesita divisas. Reactivar sectores orientados a la exportación exige una hoja de ruta productiva clara y urgente. Avanzar en ajustes regulatorios, tributarios y laborales se vuelve indispensable para recuperar competitividad y permitir que la economía vuelva a respirar”, dijo.
El economista Fernando Romero profundizó este diagnóstico al señalar que el Gobierno enfrenta simultáneamente varios frentes críticos: inflación elevada, recesión económica, déficit fiscal creciente, sobreendeudamiento público, escasez de dólares y debilidad de las reservas internacionales. A ello se suman problemas estructurales como el déficit comercial, la alta emisión monetaria y la rigidez del actual sistema cambiario.
“Hay varios frentes que atacar, por ello ha sido fundamental que el gobierno implemente el Decreto Supremo 5503; sin embargo, hay varias cosas que corregir y mejorar para que el mismo tenga mayores efectos positivos y se aminoren los efectos negativos, sobre todo en pobreza y desempleo”, señaló.
En este contexto, advirtió también que cualquier error de cálculo podría derivar en una mayor devaluación, más inflación y un deterioro acelerado del poder adquisitivo.
Uno de los puntos más sensibles, según dijo, será la política cambiaria. La presión social y del mercado para modificar el tipo de cambio se incrementa, pero advierte que una transición desordenada de un sistema fijo a uno más flexible, sin respaldo financiero suficiente, podría generar un impacto severo en los precios y en la estabilidad monetaria.
“La acumulación de reservas, el acceso a créditos externos y la reconstrucción de la credibilidad del Banco Central se vuelven tareas prioritarias para el Ejecutivo”, dijo.
El ajuste fiscal, iniciado con el Decreto Supremo 5503 y la eliminación de la subvención a los carburantes, marca un antes y un después en la política económica.
No obstante, Romero advirtió que este es solo el primer paso de un proceso más amplio que debería incluir la revisión del gasto en empresas estatales, la masa salarial y otros componentes estructurales del presupuesto.
Aseguró que la sostenibilidad del ajuste dependerá de su capacidad para reducir el déficit sin profundizar la pobreza ni el desempleo, dos variables altamente sensibles desde el punto de vista social.
“La atracción de la inversión es un factor clave que se debe iniciar, pero hay que garantizar la seguridad económica y jurídica, donde existan condiciones favorables para inversionistas tanto locales como extranjeros”, dijo.
Gobernabilidad
En el plano político, la gobernabilidad será un factor decisivo. El analista político Marcelo Aruquipa subrayó que la estabilidad económica estará inevitablemente ligada a la estabilidad política y que cualquier intento de reforma profunda generará resistencias.
Indicó que con los sectores sociales el Gobierno debe negociar porque son “verdaderos sujetos de poder y con capacidad de veto en el país”. A ello añadió que la Asamblea Legislativa obliga al Gobierno a negociar permanentemente con fuerzas políticas diversas, en un escenario donde la aprobación de leyes, presupuestos y créditos externos depende de acuerdos frágiles y condicionados.
A este panorama, el analista político Paúl Coca sumó el calendario electoral. Recordó que el 2026 estará atravesado por elecciones subnacionales, lo que obligará al Ejecutivo a coordinar con nuevas autoridades departamentales y municipales. “No nos olvidemos que el próximo año es un año de elecciones. Entonces, el gobierno se ve en la necesidad de construir consensos con gobernadores y alcaldes. Eso será clave, especialmente si se pretende avanzar en un pacto fiscal”, indicó.
Uno de los factores que más preocupa a los analistas es la fractura interna entre Rodrigo Paz y Edmand Lara. La mala relación entre el presidente y el vicepresidente es vista como una señal de debilidad institucional que complica la gestión diaria y afecta la imagen del país a nivel interno y externo.
Fernando Romero advirtió que esta división interna incrementa la percepción de riesgo político, desalienta la inversión y dificulta el acceso a financiamiento internacional, en un momento en el que Bolivia necesita con urgencia recursos externos para estabilizar su economía.
En el plano social, el principal desafío será administrar los costos del ajuste sin provocar una fractura del tejido social. Las medidas económicas, en particular las de carácter impopular, ya han empezado a traducirse en movilizaciones y expresiones de rechazo en diversos sectores.
Los analistas coinciden en que el empleo será uno de los principales afectados, tanto en cantidad como en calidad, lo que hace indispensable fortalecer las redes de protección social y diseñar políticas focalizadas para los sectores más vulnerables.
Romero y Coca coincidieron que el diálogo social aparece como una herramienta clave para evitar escenarios de ingobernabilidad. Coca señaló que el Estado debe recuperar su capacidad de interlocución con la ciudadanía, socializar las medidas económicas, explicar sus alcances y escuchar las demandas de los sectores afectados.
“La falta de comunicación y de participación puede convertir el ajuste en un detonante de conflictos prolongados”, advirtió Romero.
En tanto, Antelo enfatizó que las reformas necesarias no se sostienen únicamente con argumentos técnicos, sino con legitimidad política y sensibilidad social.
Señaló que el oficialismo y oposición comparten la responsabilidad de priorizar una agenda país que trascienda la coyuntura electoral y los intereses partidarios.
En ese marco, dijo que la posibilidad de construir un pacto mínimo por la estabilidad, la producción y el empleo aparece como una alternativa para reducir la incertidumbre y sentar bases más sólidas para el desarrollo.
Los analistas adviertieron que el 2026 será un año de alto riesgo, pero también de oportunidades. Si el Gobierno consigue articular consensos, ordenar la economía y amortiguar los impactos sociales del ajuste, podría abrirse un nuevo ciclo de estabilidad y crecimiento.
Sin embargo, señalaron que si predominan la fragmentación política, la improvisación económica y la falta de diálogo social, el país podría enfrentar un escenario de mayor conflictividad, deterioro institucional y profundización de la crisis.
