El Ministerio de Economía reconoció que el Decreto Supremo 5503 no es una medida “perfecta ni indolora”, pero sostuvo que se trata de una decisión necesaria para evitar un deterioro mayor de la economía boliviana, tras años de desequilibrios fiscales, caída de reservas y un sistema de subvenciones que dejó de cumplir su objetivo social.
“El Decreto Supremo 5503 no es perfecto ni indoloro, pero no hacer nada habría sido mucho peor”, se lee en una publicación de esa cartera de Estado.
A más de dos semanas de su promulgación, el Gobierno plantea que ahora el desafío es acompañar su implementación con diálogo, control social y ajustes puntuales, con la mirada puesta en evitar una crisis económica profunda e irreversible.
Decreto
Según el Ministerio de Economía, el país llegó a un “punto límite” luego de sostener durante años un modelo de gasto público que superó los ingresos reales del Estado.
Entre los factores que presionaron la economía se identifican el crecimiento del déficit fiscal, la reducción de las reservas internacionales y la corrupción en sectores estratégicos, situaciones que, si bien no fueron generadas por la población, terminaron afectando directamente a las familias.
Uno de los ejes centrales del decreto es la reestructuración de la subvención a los combustibles. Desde el Gobierno se afirma que esta política, pensada inicialmente como protección social, se volvió insostenible y terminó generando escasez, contrabando y mercado negro. “El Estado gastaba millones de dólares para sostener un sistema que ya no protegía a las familias, sino que beneficiaba a redes ilegales”, señala la explicación.
En ese contexto, el Ejecutivo defiende el Decreto 5503 como una respuesta de emergencia y no como un “paquetazo” impuesto desde el exterior.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, mantener el esquema anterior habría derivado en mayor escasez, inflación encubierta y una crisis más profunda. A diferencia de ajustes aplicados en el pasado, la norma —aseguran— no privatiza empresas públicas ni elimina derechos laborales.
Medidas
El Gobierno remarca que el decreto combina disciplina fiscal con medidas de protección social, como el incremento del salario mínimo, el fortalecimiento de bonos sociales y la creación de transferencias directas para los sectores más vulnerables. Además, el propio Estado asume parte del ajuste mediante el congelamiento de su masa salarial y una mayor eficiencia en el gasto público.
Otro componente destacado es la reactivación de la economía real. El decreto introduce cambios en el sistema tributario para permitir a pequeños productores, trabajadores independientes y cuentapropistas descargar el 100% de sus facturas, además de simplificar procesos de formalización. También se eliminan aranceles a repuestos y se facilitan importaciones, con el objetivo de reducir costos de transporte y producción y contener los precios.
Respecto al mecanismo de “fast track” para inversiones, el Ministerio de Economía negó que implique la entrega de recursos naturales o pérdida de soberanía. Aclaró que se trata de agilizar trámites burocráticos sin eliminar controles legales, ambientales ni constitucionales, bajo el argumento de que sin inversión no hay empleo ni estabilidad social.
Además, el Gobierno vinculó la presión sobre el dólar y la inflación al elevado gasto público, en especial al costo de la subvención. Desde esta visión, la reducción de ese gasto permitirá disminuir la demanda de divisas y sentar bases para una mayor estabilidad cambiaria, señalando que los recientes incrementos responden en gran medida a la especulación y al pánico.
