La diputada Lisa Claros (Libre) lamentó este miércoles que, a dos meses de gestión del gobierno del presidente Rodrigo Paz, no se haya presentado ninguna denuncia penal por los presuntos desfalcos cometidos durante las administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La legisladora advirtió que las autoridades nacionales estarían permitiendo que los presuntos implicados ganen tiempo para abandonar el país una vez concluya el plazo de tres meses que establece la Ley 1352, de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional, para exautoridades del anterior gobierno.
“Lamentamos que el actual Gobierno no esté tomando con seriedad los desfalcos ocurridos en empresas públicas deficitarias. Hemos escuchado numerosos anuncios y conferencias en los que se afirma que se desfalcó a Bolivia, pero hasta el día de hoy no existe ninguna denuncia penal”, afirmó.
En diciembre, el Gobierno denunció un presunto desfalco millonario al Estado vinculado a la creación de empresas públicas durante los gobiernos del MAS.
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Según el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, el daño económico ascendería a $us 2.595 millones por empresas y plantas industriales estatales que no fueron sostenibles durante casi 20 años de las gestiones de Evo Morales y Luis Arce Catacora.
Claros recordó que ya transcurrieron dos meses de gestión y que la normativa vigente obliga a las exautoridades a permanecer en el país por 90 días tras dejar el cargo. “Parece que el Gobierno está esperando que huyan quienes han desfalcado las instituciones del pueblo para recién tomar acciones”, cuestionó.
Asimismo, señaló que desde su bancada se presentaron varias denuncias penales ante lo que calificó como una “ausencia total de un trabajo responsable” por parte del Ejecutivo.
“Nos preocupa que, como ha ocurrido en otros gobiernos, luego se diga que hubo desfalcos cuando los responsables ya estén fuera del país. Exigimos mayor responsabilidad, seriedad y compromiso en la lucha contra la corrupción; no podemos permitir que quienes vaciaron las arcas del Estado escapen del país”, insistió.
De acuerdo con la Contraloría General del Estado, al menos 800 exservidores públicos de la gestión de Luis Arce tienen prohibido salir del país, en cumplimiento de la Ley 1352, que establece la permanencia obligatoria de exautoridades durante tres meses después de dejar el cargo o ser destituidas.
La media tiene como objetivo rendir informes y garantizar la transparencia en la transición gubernamental.
