El pueblo boliviano, mediante el voto, ha expresado con claridad su voluntad de un cambio en la conducción del Estado, otorgando al actual gobierno el mandato de impulsar transformaciones orientadas a la estabilidad económica y social. En este marco, el Decreto Supremo 5503 constituye un instrumento para atender desafíos estructurales acumulados. Este proceso debe comprenderse desde una perspectiva democrática e institucional, reconociendo que las decisiones adoptadas responden a la voluntad popular y a la necesidad de preservar la gobernabilidad y el interés general.
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La Paz, sede de gobierno de Bolivia, requiere autoridades municipales y nacionales comprometidas con la solución de sus problemas estructurales. El departamento enfrenta una creciente crisis derivada de constantes movilizaciones sociales, marchas y bloqueos de carreteras que afectan la producción, dificultan el transporte de bienes y servicios y perjudican al turismo. Informes empresariales y gubernamentales estiman que, a nivel nacional, los conflictos generan pérdidas de entre 120 y 200 millones de dólares diarios, mientras que a nivel departamental estas alcanzan entre 10 y 20 millones de dólares, considerando producción, comercio, exportaciones, servicios y turismo. Estas cifras reflejan el alto costo económico de la conflictividad social para La Paz y el país.
Resulta indispensable fortalecer la institucionalidad y el diálogo como mecanismos de resolución de conflictos, evitando que la protesta derive en bloqueos que paralizan la economía y afectan a la ciudadanía. La paz social y el respeto al Estado de derecho son condiciones esenciales para el desarrollo sostenible.
En poco más de dos meses, las elecciones subnacionales permitirán elegir alcaldes y gobernadores responsables de atender los problemas de municipios y departamentos. Los paceños aspiramos a que, hacia 2030, La Paz se consolide como una ciudad sostenible, con planes alineados a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ello implica erradicar la pobreza, aplicar políticas inclusivas, gestionar eficientemente los recursos naturales —especialmente el agua—, reducir la contaminación, proteger los glaciares y enfrentar de manera integral el problema del transporte urbano.
El crecimiento urbano es otro desafío crítico. En los últimos 50 años, la mancha urbana se duplicó, pasando de 50 km² en 1996 a 114 km² en 2022, lo que exige una planificación más eficiente para garantizar servicios básicos, movilidad y calidad de vida.
Persisten además problemas como el congestionamiento vehicular, el deshielo de las cumbres que amenaza el abastecimiento de agua y la contaminación de los ríos Choqueyapu y Katari, que desembocan en el lago Titicaca. Estudios señalan que el 92% de las aguas residuales orgánicas se vierten sin tratamiento, generando riesgos sanitarios. A ello se suma el impacto del cambio climático y los incendios forestales, que reducen el aporte glaciar y obligan a depender cada vez más del agua almacenada en represas.
Asimismo, es fundamental fortalecer la participación ciudadana y la corresponsabilidad entre autoridades y población. De no ser atendidos con planificación y urgencia, estos desafíos podrían ubicar a La Paz entre las ciudades con mayor insatisfacción hacia 2030. En las próximas elecciones, los paceños debemos optar por autoridades con propuestas serias y sostenibles que garanticen un futuro más seguro y eficiente para la ciudad.
(*) Rolando Kempff Bacigalupo es licenciado en economía y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP)
