Luego del acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para abrogar el Decreto Supremo 5503, los puntos de bloqueo en el país comenzaron a disminuir, luego de casi una semana de movilizaciones y protestas en las carreteras.
De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las 08.20 de esta jornada se reportan 35 puntos de bloqueo, cuando el fin de semana se registraron más de 70 conflictos sociales que impedían la normal transitabilidad vehicular.
Las medidas de presión todavía se concentran en el departamento de Cochabamba, principalmente en las carreteras Bombeo-Confital, Parotani, Cruce Vacas, Punata, Mizque y puente Ichilo, en el límite con el departamento de Santa Cruz.
En La Paz, los bloqueos persisten en los Yungas y en Tiquina, aunque redujeron considerablemente en comparación con los otros días.
El acuerdo alcanzado el domingo contempla la abrogación del Decreto 5503 en su totalidad para elaborar inmediatamente uno nuevo que incluya únicamente la eliminación a la subvención a los combustibles, el incremento al salario mínimo y a la Renta Dignidad los bonos sociales que anunció el Gobierno el pasado 17 de diciembre de 2025.
Bloqueos
Sin embargo, en algunas zonas todavía persisten bloqueos, debido a que los sectores exigen que se publique en la Gaceta Oficial la abrogación de la norma y se promulgue el nuevo decreto con los puntos señalados.
Algunos dirigentes, inclusive, consideran que la COB se dejó engañar por las autoridades de Estado. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que se mantendría “la parte económica” del Decreto 5503, lo que generó preocupación en algunas organizaciones sociales.
El DS 5503 fue ampliamente cuestionado desde su promulgación, pues los sectores movilizados consideraban que era inconstitucional y entreguista. De los 121 artículos del documento, muchos de ellos atribuían facultades al Órgano Ejecutivo que correspondían inicialmente a la Asamblea Legislativa.
La COB instruyó el domingo que se levanten todos los puntos de bloqueo en el país, pero su dirigencia fue acusada de venderse al Gobierno, por lo que muchas zonas mantienen la medida de presión.
De acuerdo con el presidente Rodrigo Paz Pereira, las movilizaciones, que iniciaron el pasado 22 de diciembre y se radicalizaron el 5 de enero, generaron pérdidas económicas de aproximadamente $us 20 millones.
