El Gobierno dio un paso hacia una reingeniería del Estado digital con la aprobación del Decreto Supremo 5519, una norma que busca actualizar el marco del “gobierno electrónico” y apunta a redefinir la arquitectura institucional del manejo tecnológico en el sector público.
El eje central del documento es la creación del denominado “Despacho Virtual del Presidente”, concebido como un canal oficial de comunicación tecnológica, cifrado y con altos estándares de protección de datos, que permitirá el seguimiento y monitoreo de las prioridades del nivel central del Estado.
A este esquema se sumarán oficinas virtuales en otras entidades públicas, bajo coordinación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).
De esta manera, el Decreto 5519 complementa al Decreto 5515, el cual habilita la “Presidencia a distancia”, por lo que el mandatario Rodrigo Paz Pereira podría seguir en sus funciones, pese a encontrarse fuera del país. Esta decisión fue cuestionada por el vicepresidente Edmand Lara y sus seguidores, quienes consideran que se vulnera la Constitución Política.
Decreto
Además, la medida también establece el cierre definitivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) y la concentración de todas sus funciones en la Agetic.
La norma, aprobada en Consejo de Ministros el martes, modifica e incorpora disposiciones al Decreto Supremo 2514, vigente desde 2015, con el objetivo de fortalecer la seguridad informática, reducir la brecha digital, mejorar la transparencia y avanzar en la soberanía tecnológica del Estado.
En ese marco, se establece que todas las entidades públicas deberán reportar incidentes informáticos en un plazo máximo de 24 horas al Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (CGII) y contar con planes institucionales de seguridad de la información.
Agetic
El decreto también otorga a la Agetic atribuciones estratégicas como la administración del dominio “.bo”, el repositorio estatal de software libre y los servicios de certificación y firma digital, además de fijar estándares técnicos y normas para el desarrollo y uso de software en el Estado. Estas competencias, hasta ahora en manos de la ADSIB, serán transferidas de manera progresiva.
Según la disposición adicional tercera, la ADSIB cerrará definitivamente el 27 de febrero de 2026. Hasta el 14 de enero garantizará la continuidad de los servicios, mientras que a partir del 15 de enero la Agetic asumirá plenamente las funciones, activos, pasivos, documentación y procesos administrativos y judiciales. El personal de la ADSIB podrá ser incorporado a la nueva agencia previa evaluación.
Con esta norma, el Gobierno apuesta por un Estado más digitalizado, con mayor control, interoperabilidad y seguridad de la información, en un contexto en el que la tecnología se convierte en una herramienta central para la gestión pública, la transparencia y la relación entre el Estado y la ciudadanía.
