El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, justificó este jueves el cierre de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), dependiente de la Vicepresidencia, y afirmó que “nadie debería incomodarse ni mucho menos protestar” cuando el objetivo es eliminar la duplicidad de funciones dentro del Estado.
“El Gobierno entiende que existe duplicidad de funciones con la propia Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación) y que la ADSIB fue concebida como una institución al servicio de la Vicepresidencia. El exvicepresidente Álvaro García Linera buscó generar espacios laborales y conformar un equipo bajo el pretexto de la firma digital”, sostuvo la autoridad.
Santamaría remarcó que la digitalización del Estado es una prioridad gubernamental que se viene gestionando desde hace tiempo y que no se trata de una iniciativa reciente. En ese marco, señaló que existe un uso excesivo de papel en la administración pública, por lo que la implementación de la firma digital y la modernización del Estado deben concentrarse en una sola entidad.
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“Por eso consideramos que la institución llamada a cumplir ese rol es la Agetic”, explicó.
Reiteró que no existen razones para cuestionar la decisión y subrayó la necesidad de racionalizar los recursos públicos. “Nadie debería ni incomodarse ni protestar. Si en algo tenemos consenso es que hay que racionalizar adecuadamente los recursos del Estado, y las duplicidades no le hacen bien a ninguna entidad”, enfatizó.
El martes, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5519, que dispone el cierre definitivo de la ADSIB y la transferencia de todas sus funciones a la Agetic. La norma también crea el “Despacho Virtual del Presidente”, concebido como un canal oficial de comunicación tecnológica cifrada y con altos estándares de protección de datos.
Santamaría informó que ya se asumió el control del proceso a través de las instancias correspondientes y de los equipos jurídicos para garantizar la correcta transmisión de la información.
Asimismo, aseguró que se busca evitar cualquier perjuicio a los cientos de ciudadanos que tienen habilitada su firma digital, así como a instituciones públicas que realizan operaciones mediante este sistema.
“Es un tema administrativo, pero se trata de una decisión bien fundamentada que identifica que durante varios años existió un direccionamiento más político”, aseguró.
