La historia de Bolivia, la que tiene que ver con nuestros principales hitos histórico-políticos, como la guerra de la independencia (15 años de guerrilla), la guerra del Chaco (nacionalización del petróleo y la creación de YPFB) o la Revolución de abril de 1952 (reforma agraria, voto universal y nacionalización de las minas), tiene una impronta popular minera, obrera, indígena y campesina épica, indiscutible e inocultable.
Hay que recordar que las principales entidades de representación y lucha social provienen de esa memoria sociopolítica y que toda movilización «nacional» articula al obrero/minero con los sectores populares, campesinos e indígenas. Es el caso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), fundada en 1942 (al medio de la sangrienta resistencia a los Barones del estaño); la Central Obrera Boliviana (COB), fundada en 1952 (que en el ápice del proceso revolucionario liquidó a la rosca minero feudal). Posteriormente, en otras circunstancias, pero convergentes (1979), se funda la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), con epicentro en el altiplano por la memoria de su lucha centenaria por las tierras comunitarias y que coincidió con la lucha por la democracia.
Esto es lo mínimo que hay que saber, recordar y valorar cuando se habla de la sociedad mayoritaria en Bolivia y de sus características étnicas, sociales y de clase. Si no lo hacemos porque ignoramos, no aceptamos o despreciamos, cometemos un gravísimo error de comprensión sociológica y política respecto de la realidad boliviana. Por una parte, porque detrás de un acontecimiento político de envergadura —como las movilizaciones por la democracia y la que liquidó este decreto— siempre veremos actuar a estas entidades combinadas de una u otra manera y bajo el liderazgo de una u otra; dentro de la COB hay una vieja disputa entre mineros y campesinos por la Secretaría Ejecutiva. Por otra parte, porque por respeto a los principios de la democracia rechazar las manifestaciones de oposición a este decreto —esencialmente torpe e inconstitucional— es negar que la democracia es diferencia y que las protestas fueron legítimas, más si el gobierno no las entendió y las subestimó.
Las sociedades evolucionan y mutan en lo cultural, lo económico y lo social, pero hay características básicas y estructurales que habrán de mantenerse incólumes. Hoy nuestra geografía social se ha invertido, a diferencia de lo censado en 1950 (solo una ciudad tenía más de 100 mil habitantes), el 70 % de nuestra población vive en ciudades o centros urbanos intermedios; hemos abandonado el campo y somos esencialmente urbanos. Al mismo tiempo, hay un desarrollo potente de la clase media y también enormes cinturones periurbanos que han migrado desde lo tradicionalmente rural o que tienen una doble residencia (El Alto, Trópico, Plan 3.000, conurbaciones metropolitanas, etc.). Sin embargo, la memoria sociopolítica se mantiene, férreamente, sobre todo la de los colectivos y los sectores sociales mayoritarios porque eso los constituye, como es el caso arquetípico de la defensa de los recursos naturales, la tierra, etc.
No es fácil entender o asimilar los grandes cambios políticos y culturales que hubo en estas dos décadas en términos de movilidad social, inclusión y participación política; tal como ocurrió con las transformaciones del MNR y el proceso post 52, que recién se termina de entender por el desarrollo de la historia en Bolivia. Al mismo tiempo, es innegable que existe una cerrada resistencia de los sectores sociales y económicos dominantes y clasemedieros que fueron desplazados y perdieron el control de la institucionalidad gubernamental y que dejados de lado sintieron que se les arrebató lo que creían de su propiedad exclusiva. Se sienten ofendidos y reaccionan con una virulencia y un odio que solo se puede entender en el marco de nuestro pasado colonial y racista.
Esta resistencia social y clasista es comprensible hasta cierto límite. Sin embargo, no debemos descuidarnos de la chatura mental que implica no entender que el país tiene estas enormes poblaciones empoderadas porque tomaron control largamente del aparato estatal y a las que no puede imputarse, colectivamente, los equívocos que llevaron al naufragio político del MAS y, menos, que hubiesen perdido su capacidad de representación y acción política. Esto que parece básico respecto de la comprensión de la compleja sociedad boliviana es, sin ninguna duda, la base del equívoco estratégico en el razonamiento y la formulación del Decreto Supremo 5503.
Por ello, sin abundar en el fracaso del decreto y la derrota política del gobierno, es más útil concentrarse en el núcleo ideológico que explica la torpeza política del decreto y de defenderlo por casi un mes. Lo mismo que en las ideas que movilizaron la resistencia liderada por la COB y que fue sostenida de forma decisiva por la Federación Campesina de La Paz (Tupaj Katari). Este es el meollo de la crisis política que hemos vivido y es la disputa de fondo que cruza el enfrentamiento político e ideológico que emerge a raíz de esta crisis.
Lo primero, fue el gobierno el que inició el conflicto con el malhadado decreto supremo 5503 y que los reclamos, movilizaciones y bloqueos de caminos fueron la reacción frente a una respuesta gubernamental que, como favor, ofrecía cambios de redacción. Segundo, el tiempo y el nuevo decreto demuestran que la COB tenía la razón en sus observaciones. Tercero, el decreto que abroga, el 5516, recupera la medida central del ajuste económico: el levantamiento de los subsidios al diésel y la gasolina; sin siquiera discriminar al transporte público, que lo hubiera hecho todavía más razonable. El levantamiento de esos subsidios a los combustibles tenía un enorme consenso social desde, cuando menos, un par de años, porque todos están cansados de las colas y de que parte de la escasez tenga origen en el contrabando. El resto de las medidas útiles y necesarias como el mejoramiento de los bonos sociales, el aumento al salario mínimo nacional, los alivios tributarios, el diferimiento de los créditos (instruido por la Ley 1670), también se recuperaron sin mayor problema.
En consecuencia, los insultos de mafias, delincuentes, «dejen de joder», minorías eficaces y otros adjetivos gruesos o seudoacadémicos dirigidos a la COB y, en especial, a los campesinos, solo hablan de una ignorancia supina respecto de la historia de Bolivia y de los argumentos sociales. Pero, más allá de los agravios, lo que interesa remarcar es que con estas actitudes queda claro que no se quiere concertar y se busca imponer una agenda neoliberal que desconoce la histórica defensa de los recursos naturales de los sectores mayoritarios del país.
Esta actitud vertical y maniquea nos lleva a las movilizaciones, al enfrentamiento, los bloqueos y vaya a saber qué otras penosas consecuencias. Así no podremos con la crisis política y económica, porque si algo necesita la economía es tranquilidad, estabilidad y cuidado de la producción.
Hay un abismo social de por medio y pretender que a cada cambio de ciclo arrojemos a los perdedores a las cárceles —con la agilidad que la justicia recupera su «independencia»— solo profundiza nuestras diferencias y ahonda las históricas rivalidades campo/ciudad y la de sectores privilegiados y mayorías sociales.
Algo de margen queda para el sentido común, pero sobrellevar las diferencias exige inteligencia y respeto por el otro.
