La Cámara de Diputados recibió este viernes la solicitud de interpelación contra el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli Monrroy, en el marco de las denuncias por la presunta comercialización de gasolina en mal estado que habría provocado daños en motores de vehículos particulares y del transporte público.
El pedido fue presentado por un grupo de legisladores y se sustenta en el artículo 158, numeral 18, de la Constitución Política del Estado, que faculta a la Asamblea Legislativa a interpelar a ministras y ministros de Estado y, de corresponder, aprobar una censura con el voto de dos tercios.
De acuerdo con la documentación oficial, la interpelación busca que la autoridad informe sobre hechos considerados de alto interés público, vinculados a posibles fallas en el control de calidad del combustible, sus impactos económicos en la población, los riesgos para la seguridad vial y las medidas adoptadas para reparar los daños ocasionados.
Gasolina
El pliego interpelatorio lleva la firma de las diputadas Brice Karen Veli Munic, Lidia Rojas Rojas y Verónica Cafuente Vásquez, así como de los diputados Rodolfo García Encings y Brayon Casamani, quienes demandan explicaciones claras sobre las acciones asumidas por el Ministerio frente a las denuncias y las responsabilidades institucionales involucradas.
El documento fue remitido al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, quien deberá fijar fecha y hora para la audiencia interpelatoria, conforme al reglamento legislativo vigente.
Los legisladores señalaron que la interpelación tiene como objetivo resguardar los derechos económicos de los ciudadanos, garantizar la seguridad en las vías y restablecer la confianza en la gestión estatal del sector hidrocarburífero, en un contexto marcado por reclamos sociales y acciones de fiscalización sobre la calidad de los combustibles en el país.
El martes, el ministro Medinaceli reconoció que se comercializó gasolina irregular en el país, debido a que algunos componentes de los volúmenes adquiridos por la gestión de Luis Arce permanecieron en los tanques de almacenaje generando una alteración en el combustible.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estima que aproximadamente 2.000 vehículos resultaron afectados, especialmente en Santa Cruz, Beni y Oruro, las tres regiones donde se comercializó el combustible en mal estado.
