El Kremlin calificó el lunes de «infundadas» las acusaciones de cinco países europeos según los cuales el opositor Alexéi Navalni murió por envenenamiento con una «toxina rara» mientras estaba en una prisión rusa, hace exactamente dos años.
El carismático activista anticorrupción Alexéi Navalni, que se opuso con firmeza al presidente ruso Vladimir Putin y a la ofensiva contra Ucrania lanzada en 2022, murió en prisión el 16 de febrero de 2024, a los 47 años.
Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos acusaron a Moscú de haberlo «envenenado», según las conclusiones de una investigación publicadas el sábado.
«Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos sesgadas e infundadas», dijo a los periodistas, entre ellos de la AFP, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante una rueda de prensa telefónica diaria.
Este lunes muy temprano, la madre del opositor exigió «justicia» para su hijo, al hablar cerca de su tumba, donde decenas de personas se congregaron, pese a los riesgos, para recordar a Navalni con motivo del segundo aniversario de su muerte.
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Navalni
«Esto confirma lo que ya sabíamos desde el principio. Sabíamos que nuestro hijo no murió simplemente en prisión, fue asesinado», dijo la madre, Liudmila Navalnaya, desde el cementerio Borisóvskoye de Moscú.
«Creo que tomará algún tiempo pero averiguaremos quién lo hizo. Por supuesto, queremos que eso ocurra en nuestro país y que prevalezca la justicia», dijo a los periodistas.
«Ya dije que a quienes dieron esa orden se les conoce en todo el mundo, no hago más que repetirlo. Y queremos que quienes participaron [en la muerte de Navalni] sean identificados», insistió.
Este lunes, la tumba del opositor estaba cubierta de flores y también se ofició una ceremonia religiosa.
Algunas de las personas que acudieron a rendir homenaje se habían tapado la cara con mascarillas quirúrgicas.
En Rusia, las autoridades han prohibido las organizaciones creadas por Alexéi Navalni por «extremismo» y «terrorismo». Y cualquier apoyo público a su movimiento es susceptible de ser perseguido judicialmente.
