Una inspección judicial destinada a verificar denuncias de minería ilegal en el municipio de Morochata, Cochabamba, terminó en una emboscada contra una comisión interinstitucional que se desplazó hasta la comunidad de Chuñavi para constatar los daños ambientales en la zona.
La diligencia había sido programada por el Juzgado Agroambiental de Independencia tras reportes formales sobre actividades extractivas irregulares en un área considerada crítica del Parque Nacional Tunari. Sin embargo, el operativo fue interrumpido de forma violenta por un grupo de comunarios vinculados a la actividad minera.
Minería ilegal
La directora ejecutiva del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Cecilia Miranda Chávez, confirmó que, pese al ataque, el juez logró verificar parte de los daños ambientales antes de que la inspección fuera suspendida. “La magnitud de los daños denunciados por el SERNAP fue constatada antes de la interrupción”, señaló.
Según la autoridad, los desmontes ilegales y la contaminación provocada por la minería son visibles y afectan directamente a una zona estratégica para la provisión de agua y la conservación de la biodiversidad. Además, denunció el robo del expediente físico del proceso durante los hechos violentos.
Emboscada
Pese a ello, Miranda aseguró que el proceso judicial continuará. “La resolución judicial será favorable a la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad que abastece a la región”, afirmó.
La inspección, realizada el 18 de febrero, contaba con la participación de representantes del Juzgado Agroambiental de Independencia, el Viceministerio de Minería, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la Gobernación de Cochabamba, la Alcaldía de Morochata y la Brigada Parlamentaria, además de técnicos del Sernap.
Cochabamba
De acuerdo con informes oficiales, las actividades ilegales se remontan a octubre de 2025, cuando personal técnico del Sernap detectó la apertura de caminos clandestinos para minería en la zona de Chuwaña, tras una denuncia presentada por organizaciones campesinas locales.
Aunque se emitió una resolución administrativa y se notificó a los responsables —entre ellos una persona identificada como Cándido A.S.—, la explotación ilegal continuó, lo que derivó en la presentación de una Medida Cautelar Ambiental en diciembre, con el objetivo de frenar las operaciones y proteger el patrimonio natural del área.
