La fiscal de materia Magaly Bustamante informó este viernes que el Juzgado interviniente determinó la detención preventiva del exgerente general de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) Ramiro Villarpando, por el lapso de dos meses en el penal de San Pedro.
La decisión se tomó en audiencia cautelar tras acreditarse riesgos procesales, luego de la aprehensión de la exautoridad el miércoles.
“Se ha determinado por la autoridad jurisdiccional la detención preventiva (…), existen riesgos procesales de fuga y de obstaculización que la juez ha dado por acreditados”, afirmó Bustamante. Villarpando es investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, vinculados a la creación y gestión de B-Agro durante las gestiones 2022 y 2024.
B-Agro
La fiscal explicó que la empresa estatal, creada en abril de 2022 mediante Decreto Supremo 4701 con un patrimonio de Bs 140 millones, debía garantizar la seguridad alimentaria mediante la compra de semillas y almacenamiento. Sin embargo, “en lugar de generar recursos y beneficios para el Estado boliviano, más bien ha reportado deudas acumuladas y pérdidas económicas en dos años”.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, se identificaron al menos seis irregularidades que habrían provocado un daño económico de Bs 101 millones. Entre ellas figuran el pago de salarios de Bs 17.000 a un gerente de una repartición cerrada, contrataciones innecesarias de terrenos pese a que el INRA ya había dotado de predios a la empresa, alquiler de maquinaria cuando la estatal contaba con equipo propio, y cuentas por pagar que incluyen deudas por devolución de anticipos a proveedores.
La aprehensión de Villarpando ocurrió el miércoles, luego de que el exgerente se presentara voluntariamente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras ser citado, pero decidiera no prestar su declaración informativa.
Anteriormente, se ejecutó un allanamiento en su domicilio en Cochabamba sin que fuera hallado, lo que motivó la citación formal.
El caso involucra a siete personas investigadas, entre ellas tres exministros de Desarrollo Rural y Tierras: Remmy Gonzales (abril 2021 – marzo 2024), Santos Condori (marzo – agosto 2024) y Yamil Flores (agosto 2024 – noviembre 2025), quien denunció las irregularidades en B-Agro.
Las investigaciones continuarán para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en los hechos que llevaron a la empresa estatal a reportar pérdidas millonarias.
