La producción de gas natural en Bolivia tocó fondo en 2025 con apenas 27,34 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), el nivel más bajo desde 2006. La caída es dramática: representa una contracción del 54,1% comparada con el boom gasífero de 2014-2015, cuando Bolivia alcanzaba 59,64 MMmcd. Sin reformas estructurales inmediatas, los expertos advierten que el país podría convertirse en importador neto de energía en menos de una década. En ese escenario, los costos anuales estimados llegan a $us 5.700 millones.
Enzo Michel, director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), es enfático sobre la urgencia. «Como veníamos advirtiendo, la producción está cayendo y seguirá cayendo. Hoy es el nivel más bajo, pero el próximo año será aún más bajo». La razón es estructural: «los campos en producción son maduros y requieren reemplazo. Necesitamos exploración y descubrir nuevos campos».
El escenario catastrófico
Michel advierte sobre un punto de quiebre próximo. La demanda interna ronda 15 a 16 MMmcd diarios. Esto significa que «en los próximos tres años podríamos llegar al punto en que la oferta y la demanda se crucen». Las consecuencias serían devastadoras. «No tendríamos gas para exportar y, además, ponemos en riesgo el mercado interno. Comenzaríamos a enfrentar problemas de desabastecimiento, necesitaríamos hacer priorizaciones. Restringir mercados, limitar la industria en favor del sector eléctrico, y en el peor de los casos, necesitaríamos importar gas».
Las prioridades de la reforma
Según Michel, la nueva Ley de Hidrocarburos debe enfocarse primero en cambios fiscales fundamentales. El régimen actual es inviable: el Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH) del 32%, sumado a regalías y participaciones de YPFB, genera una «renta petrolera» del 80% a 90%. La alícuota es muy superior al 50% a 60% que manejan países vecinos. «Necesitamos dialogar con las regiones para reducir este número de regalías e IDH», sostiene Michel.
Segundo, la seguridad jurídica es crítica. «Por la Constitución, debemos resolver cualquier tipo de controversia en territorio boliviano. Esto hace que muchas empresas sean susceptibles y no realicen inversiones en Bolivia, o decidan no invertir. Porque en el mundo una buena práctica es resolver controversias en un territorio imparcial».
Tercero, debe modernizarse el downstream. Michel respalda el planteamiento del gobierno sobre «generar mercados mayoristas, segmentar las regiones y, en base a eso, crear mayor competencia. Se debe garantizar el abastecimiento en diferentes ciudades y departamentos, no solo en el eje troncal, sino también en lugares alejados».
Finalmente, los precios no pueden permanecer congelados. «El mercado es el que debe determinar los precios de cada negocio», enfatiza Michel. Bolivia ha mantenido precios regulados y subsidiados durante 20 años, desincentivando inversión privada.
La urgencia del cambio
Michel subraya que «esta alerta es importante. Es una señal de urgencia sobre la necesidad de exploración en el país». Tras «20 años sin exploración significativa», insiste en que «es fundamental que los diferentes sectores entiendan que es una demanda que debe hacerse al Órgano Legislativo para que apruebe las leyes económicas” que se requieren.
El tiempo apremia. Cada mes de retraso acelera la declinación de reservas. Bolivia no puede permitirse el lujo de debates prolongados: debe actuar ya para evitar una crisis de seguridad energética que comprometa su viabilidad económica.
