Deslumbrados por los altos precios internacionales de los metales, niños y jóvenes bolivianos como Efraín Villaca arriesgan su vida para roer las entrañas del Cerro Rico de Potosí en busca de plata, que terminará posiblemente en China.
Villaca, de 28 años, se aventura a diario dentro del Cerro Rico de Potosí, una montaña en los Andes de 4.800 metros de altura, famosa por albergar una de las mayores minas de plata del mundo desde hace más de cinco siglos y motor económico de la colonia española.
En este cerro declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco que produjo la mitad de la plata mundial durante un siglo, Villaca sintió un día que se desvanecía tras intoxicarse con gases nocivos. Finalmente se salvó, pero en enero y febrero, solo en este departamento murieron al menos 32 mineros, según la Defensoría del Pueblo.
«Esta carga no valía mucho» antes, dice a la AFP el joven minero, sentado sobre toneladas de piedras que contienen plata, estaño, zinc y plomo. Ahora los mineros «ganan mucho más que algunos profesionales afuera»: unos 1.000 dólares al mes, cuenta este empleado de una cooperativa minera.
El salario mínimo en Bolivia es de unos 470. La plata, clave en las industrias de transición energética, en 2022 cotizaba por debajo de 20 dólares la onza. Ahora ronda los 87, luego de tocar un máximo de 120 por la incertidumbre geopolítica propiciada por Estados Unidos.
Demanda
El estaño también alcanzó valores nunca vistos. Hoy triplica sus precios de hace cuatro años por la alta demanda de las multinacionales tecnológicas, que lo requieren en sus semiconductores.
China es el mayor comprador de plata de Bolivia, con más de 532 millones de dólares transados en 2024, según el Ministerio de Minería.
El estaño tiene como principal destino los Países Bajos, y el zinc, Japón. La abogada Jackeline Alarcón, representante de la Defensoría del Pueblo, explica que esto ha atraído a muchos jóvenes y en «estos últimos años, han ido incrementándose las muertes».
La cifra de decesos despierta las alarmas de la institución por su tendencia a incrementarse. En 2022 se reportaron 77 decesos. En 2025 ya eran 123.
«De toda Bolivia, y me atrevería a decir de toda Sudamérica, Potosí es el (lugar) que tiene más muertes en trabajo minero. Está deshumanizándose», advierte Alarcón.
«No sabemos si vamos a salir»
Los obreros se turnan para trabajar en Cerro Rico las 24 horas del día, como en un inmenso hormiguero polvoriento. Explotado por cinco siglos, ahora está tomado por decenas de cooperativas, de las cuales en Bolivia existen unas 1.700 que controlan el 58% de la producción nacional, según el gobierno.
Pero «con los precios altos, los socios han dejado de trabajar directamente y han contratado gente para que haga su trabajo en su lugar», lo cual es ilegal, dice el ingeniero Héctor Córdova, investigador en asuntos mineros. «Y al ser ilegales, no tienen atención médica, seguros (…), la seguridad industrial es muy precaria.
Entonces están en un nivel casi de esclavitud», agrega. Un grupo de mineros descansa en una bóveda de piedra entre el laberinto del socavón. Mascan hojas de coca para energizarse y algunos beben alcohol puro de 96 grados.
No cubren sus vías respiratorias ni llevan otro implemento de seguridad aparte del casco. «Entramos bien, pero no sabemos si vamos a salir bien o mal», dice Efraín Limache, obrero de 24 años.
Vio morir a dos de sus amigos y él mismo asegura que sobrevivió a una caída de 50 metros desde un elevador. El ministro de Minería, Marco Calderón, aseguró en entrevista con la AFP que capacitarían a los cooperativistas para evitar accidentes en las minas, a pedido de ellos.
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«Un yacimiento»
A la sala de emergencias del Hospital Bracamonte de Potosí, a cargo de la médico Giovanna Zamorano, ahora llegan más mineros accidentados que antes. «Son novatos (…) y a raíz de eso hay muchos decesos», dice la especialista. La mayor parte de ellos tiene entre 20 y 25 años. Pero también hay menores. «He llegado a atender niños», afirma.
Muchos jóvenes llegaron a trabajar en la mina de Potosí en los últimos meses desde otros departamentos, confirma Alarcón, la representante de la Defensoría del Pueblo. «Lastimosamente el poder (…) no ve a Potosí como un patrimonio. Nos ven como un yacimiento», lamenta.
