El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que actualmente se registran 35 jueces suspendidos y cinco destituidos en el país, en el marco de procesos disciplinarios iniciados por denuncias y faltas en el ejercicio de sus funciones.
La institución señaló que estas sanciones forman parte de las acciones de control y fiscalización destinadas a garantizar la transparencia, la ética y el correcto funcionamiento del sistema judicial.
“Hemos realizado suspensiones en todo Bolivia; por lo menos 35 jueces han sido suspendidos y cinco han sido destituidos. Sin embargo, las salas constitucionales han podido frenar ese trabajo como medida cautelar para que no se ejecuten esas destituciones”, señaló Spencer.
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Indicó además que se está coordinando con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para viabilizar una mayor celeridad en estos casos. Reiteró que el objetivo es que las destituciones puedan concretarse y avanzar con el trabajo que realizan los jueces disciplinarios.
Asimismo, mencionó que se efectuaron 217 procesos contra administradores de justicia a partir de los levantamientos técnicos realizados por el Consejo de la Magistratura mediante su Unidad de Control y Fiscalización.
Explicó que, a partir de estas verificaciones, ya se procedió con varias suspensiones y anticipó que en el transcurso de este mes podrían registrarse nuevas sanciones, debido a que los jueces disciplinarios han concluido con sentencias de suspensión en distintos casos.
Spencer explicó que los procesos contra jueces se sustentan en informes técnicos elaborados por las áreas de control y fiscalización, donde se establecen faltas leves, graves y gravísimas.
Señaló que el número de destituciones es reducido porque el procedimiento actual resulta lento. Por ello, adelantó que en los próximos días presentará una propuesta para modificar el proceso disciplinario, con el objetivo de eliminar la participación de jueces ciudadanos y permitir que los jueces disciplinarios conozcan directamente los casos de destitución, evitando así la mora procesal y la retardación de justicia.
El lunes, Spencer ya había señalado que la institución trabaja en una propuesta de modificación normativa orientada a optimizar los procesos disciplinarios contra jueces, para que las destituciones puedan resolverse con mayor agilidad.
La autoridad sostuvo que esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la transparencia, la fiscalización y la lucha contra la retardación de justicia, en el marco del compromiso institucional de depurar el sistema judicial y garantizar a la población una administración de justicia más eficiente, oportuna y confiable.
