Bolivia ha nacionalizado su industria de hidrocarburos tres veces en menos de un siglo: pasó en 1937, en 1969 y en 2006. Cada ciclo siguió el mismo patrón: llegada de capital privado extranjero, crecimiento de la producción, tensión política, estatización, deterioro productivo y eventual reapertura al mercado. El resultado acumulado de esa oscilación es la crisis que el país enfrenta hoy.
«Hemos nacionalizado, luego privatizado, luego vuelto a nacionalizar, yendo de un extremo al otro, lo cual obviamente le ha pasado importantes facturas al país», resume Raúl Velásquez, analista de la Fundación Jubileo. La última nacionalización, la de 2006, es la que más cicatrices ha dejado. «Luego de 37 años, Bolivia volvió a hacer una nacionalización —la anterior había sido en 1969— y lo que hizo es generar inseguridad jurídica. La inversión privada tiene ya mucha cautela en términos de invertir en Bolivia, más aún en un sector como el de hidrocarburos, que se caracteriza por ser de alto riesgo. Nadie, por el hecho de perforar, puede asegurar que va a encontrar hidrocarburos». La conclusión de Velásquez es lapidaria. «La seguridad jurídica en el país ha sido seriamente dañada. Ya nadie nos la cree», advierte.
La realidad en números
Los números del Instituto Nacional de Estadística documentan las consecuencias. La producción de gas natural cayó un 53,7% entre 2014 y 2025. La de hidrocarburos líquidos cayó un 63,1% en el mismo período. No hubo guerra, ni catástrofe geológica, ni colapso sostenido de precios que explique esa caída: hubo falta de inversión en exploración. Ese fue el resultado directo de un entorno que las empresas consideraron demasiado riesgoso.
Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, es categórico sobre las causas. «El MAS, dentro de su proceso ideológico estatista y nacionalista, creía que el Estado podía perforar y encontrar hidrocarburos. Ese modelo no funciona en ninguna parte del mundo. Las empresas estatales sirven para el manoseo político. Se le traspasó a YPFB la responsabilidad de explorar y básicamente no encontró nada». Para Ríos, el colapso del modelo no fue sorpresivo sino inevitable. «Ese modelo de 20 años revienta cuando el país se agota de dólares por la importación de combustible principalmente y hay desabastecimiento. El MAS subió al poder por el gas y se fue por los hidrocarburos», resume.
Reputación en juego
El desafío que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz no es solo técnico sino reputacional. Bolivia compite hoy por inversión con países que ofrecen marcos legales más estables y recursos igualmente atractivos. «A diferencia de lo que ocurrió hace 25 años, hoy Bolivia no es el único productor de gas de la región», señala Velásquez. «Tenemos a Argentina, que antes era nuestro comprador y hoy es competidor con Vaca Muerta. Tenemos a Brasil, que también es competidor con el Presal. También a Guyana y Colombia. Bolivia tiene que poder ser competitiva con estos otros países en términos de atracción de inversión», señala.
Ríos plantea la misma disyuntiva en términos más crudos. «YPFB está diezmada, sin capital, y es una empresa que no accede a créditos internacionales. En ningún país nada funciona sin energía. Tenemos dos alternativas: producir una parte dentro del país o importar. Si importamos, necesitamos los dólares para hacerlo. Y si no hacemos una ley que traiga inversión y no logramos producción propia, vamos a tener que importar. Eso está claro».
La nueva ley de hidrocarburos que el gobierno prepara es, en ese sentido, mucho más que una reforma sectorial. Es el intento de romper un ciclo histórico que ha convertido a uno de los países con mayores recursos naturales de la región en un importador neto de los combustibles que necesita para funcionar. Si esa ley llega a la Asamblea, sobrevive al debate político y logra atraer inversión, los resultados —advierten quienes conocen el sector— no se verán antes de cinco u ocho años. El costo de no intentarlo, en cambio, ya se está pagando.
