El presidente Rodrigo Paz denunció este lunes un presunto daño económico superior a los 100 millones de dólares como resultado de procesos de contratación directa que, según afirmó, estuvieron marcados por irregularidades y falta de control durante los últimos años.
Paz vertió esas declaraciones en la conferencia de prensa en la que el Gobierno anunció temas de relevancia para el país y la promulgación del Decreto Supremo 5600 para transparentar licitaciones y contrataciones.
Desde una visión ciudadana y como tarijeño, Paz señaló la necesidad urgente de “ordenar la casa” en el país, apuntando a una lucha frontal contra la corrupción que —según sus declaraciones— se habría desarrollado durante al menos dos décadas.
De acuerdo con la autoridad, se identificaron más de 161 decretos relacionados con contrataciones directas, de los cuales 105 permitían adjudicaciones sin procesos adecuados de verificación. Esta situación habría derivado en el manejo de más de 7.400 millones de bolivianos cuyo destino, afirmó, no está claramente establecido.
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Paz
“El dinero de estos contratos no es solo papel, es el dinero de todos los bolivianos”, sostuvo Paz. Al advertir que estas prácticas habrían afectado directamente la capacidad de crecimiento y desarrollo del país.
Asimismo, aseguró que este tipo de irregularidades se registraron en distintos niveles del Estado, particularmente durante gestiones vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS), donde —según dijo— uno de los requisitos para acceder a contratos millonarios era tener vínculos personales o políticos.
El mandatario afirmó que actualmente se avanza en la identificación de responsabilidades, señalando que algunos implicados ya se encuentran en la cárcel. Mientras que otros deberán responder ante la justicia en el marco de las investigaciones en curso.
Finalmente, Paz aseguró que su gestión trabaja en desarticular lo que calificó como un “sistema de corrupción”. Todo con el objetivo de construir un Estado más transparente y recuperar la confianza de la ciudadanía.
