Comunidades indígenas y sectores campesinos del departamento de Pando emprendieron una marcha hacia La Paz para expresar su rechazo a la Ley 157.
La protesta, que ya suma varios días en carretera, cuestiona el impacto de la norma sobre el control territorial y la propiedad colectiva en sus regiones de origen.
Marcha
El desplazamiento —según reportó Erbol— comenzó a mitad de semana con un grupo reducido de participantes, pero fue creciendo progresivamente con la incorporación de organizaciones rurales e indígenas.
A lo largo del trayecto, más delegaciones se sumaron a la columna y fortalecieron la presencia de sectores afiliados a estructuras sindicales agrarias y representaciones originarias del norte amazónico boliviano.
La norma observada fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz y establece cambios en la categorización de predios rurales. La disposición habilita al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a modificar la condición de pequeñas propiedades, permitiendo su ingreso a dinámicas de mercado como venta, financiamiento o embargo.
Pueblos indígenas
Las primeras reacciones contrarias emergieron en territorios amazónicos, donde dirigentes alertaron sobre posibles consecuencias para las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
Representantes de pueblos como Yaminahua, Machineris, Esse Ejja, Tacana, Pacahuara y Cavineño debatieron el tema en una asamblea regional y acordaron impulsar la movilización como medida de presión.
El recorrido se inició en Porvenir y continuó hacia otras localidades intermedias, siguiendo una ruta que busca visibilizar el conflicto a nivel nacional.
Ley 157
Los organizadores destacan que esta acción se inscribe en antecedentes históricos de lucha por el territorio, recordando marchas similares realizadas décadas atrás en defensa de derechos agrarios.
Dirigentes también denunciaron la existencia de centenares de trámites de dotación de tierras pendientes, los cuales —según afirman— no han sido atendidos durante años.
En ese contexto, cuestionaron la rapidez con la que se aprobó la nueva norma, en contraste con otras demandas estructurales aún sin respuesta.
Desde el ámbito político, el senador Branko Marinković, atribuyó la protesta a la influencia de organizaciones externas. Según su criterio, sectores movilizados recibieron información distorsionada sobre el alcance de la ley.
