A 17 años del caso Hotel Las Américas, el episodio ocurrido el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, vuelve a ocupar la atención pública y política, que todavía está bajo cuestionamientos y debate sobre derechos humanos.
El abogado Gary Prado, quien formó parte de la defensa de algunos acusados, dijo a El Deber que el conflicto continúa en el ámbito internacional, pues al menos 13 personas han presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y alertó que algunas de esas causas están próximas a derivar en juicios contra el Estado boliviano.
El hecho se remonta a la madrugada del 16 de abril, hace 17 años, cuando un grupo élite de la Policía boliviana intervino el Hotel Las Américas.
En el operativo murieron los extranjeros Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi, mientras otras personas fueron detenidas. El entonces gobierno de Evo Morales argumentó que se trataba de una acción contra una célula terrorista separatista, y dio origen al denominado caso Terrorismo.
Sin embargo, los detenidos y posteriormente las investigaciones impulsadas a nivel internacional cuestionaron esa versión oficial, y denunciaron ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y presuntos actos de tortura.
Según el gobierno de Morales, en 2009, el grupo liderado por Eduardo Rózsa habría llegado a Bolivia para organizar acciones armadas o violentas contra el Estado boliviano, impulsar un movimiento separatista en el oriente del país, especialmente en Santa Cruz y atentar contra autoridades del gobierno central y generar desestabilización política.
El informe conclusivo «Terrorismo separatista en Bolivia», difundido en noviembre de 2009 por la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, concluyó la existencia de un grupo armado liderado por Rózsa con fines separatistas y actos terroristas en Santa Cruz. El documento detalla nexos locales, el uso de explosivos (como en la casa del Cardenal Terrazas) y recomienda investigar a líderes cívicos y autoridades regionales.
El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su Informe de Fondo 394/21 responsabilizó al Estado boliviano por la muerte de Michael Dwyer y estableció que Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza fueron víctimas de tortura, detención arbitraria y vulneraciones al debido proceso.
El organismo internacional también determinó que las detenciones se prolongaron de manera excesiva sin justificación legal ni acceso oportuno a una autoridad judicial. Y recomendó al Estado una reparación integral que incluya compensaciones económicas, atención médica y psicológica, además de una investigación penal diligente para esclarecer plenamente los hechos y establecer responsabilidades.
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El caso tuvo además un giro institucional en 2020, cuando el denominado caso Terrorismo fue cerrado durante el gobierno de Jeanine Áñez, tras la decisión del entonces Ministerio de Gobierno de retirar la acusación particular. Todo ello, derivó en el archivo del proceso en la jurisdicción interna.
Años después, ya con el gobierno de Luis Arce, el debate volvió a instalarse en el ámbito internacional. En 2024, César Siles, otrora procurador general del Estado, informó que la familia del ciudadano irlandés Michael Dwyer solicitó una compensación de 3,1 millones de euros ($us 3,38 millones, aproximadamente), mientras que el sobreviviente Mario Tadic pidió cerca de 752 mil euros ($us 819 mil, aproximadamente), montos que el Estado consideró “no razonables”.
En 2025, el caso también volvió a la agenda política. Jorge Quiroga anunció que su bancada impulsará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales, bajo el argumento de que el proceso debe ser esclarecido a la luz de los pronunciamientos internacionales.
A 17 años de los hechos, el caso continúa abierto en el debate, y está profundamente marcado por versiones contrapuestas.
