El gobernador electo de Oruro, Édgar Sánchez, manifestó su rechazo a la Ley 1720 de reconversión de tierras y alertó sobre sus posibles efectos en las comunidades rurales. En su criterio, la norma podría debilitar la estructura colectiva de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
Sánchez explicó que la ley abre la posibilidad de que comunarios opten por individualizar sus parcelas dentro de los ayllus. Esto pondría en riesgo la cohesión social y el sistema de vida comunitario que caracteriza a estas regiones.
“El real problema es que al individualizar los terrenos en las comunidades vas a perder tu esencia misma de comunidad, de sistema de vida. Por eso la ley atenta contra las comunidades y la cultura”, alertó.
También advirtió sobre el impacto económico en zonas alejadas, donde predominan propiedades de tamaño reducido. Señaló que un campesino podría solicitar un préstamo bancario de alrededor de 5.000 bolivianos y, ante la imposibilidad de pago, perder su tierra por ese monto.
Lea también: Gobierno insistirá en el diálogo para atender a marchistas que rechazan Ley 1720
“En las comunidades alejadas, donde vivimos en surcofundio; es decir, pequeñísimas propiedades, el préstamo del banco, de unos 5.000, lamentablemente, (el campesino) va a perder esa tierra por ese monto”, explicó en entrevista con Fama, Poder y Ganas.
El gobernador electo aseguró que la individualización de terrenos afecta la esencia de las comunidades y debilita su cultura. Aseveró que la ley representa una amenaza directa contra las formas tradicionales de organización y subsistencia.
La semana pasada, el Gobierno aseguró que la ley se aplicará de forma voluntaria y aseguró que dialogará con los sectores disconformes.
La Ley 1720 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) convertir, de manera voluntaria, la pequeña propiedad privada titulada en mediana propiedad. Su objetivo es otorgar créditos al sector rural para propietarios individuales.
