Tras perder un proceso en el Tribunal Supremo de los Países Bajos, Bolivia deberá indemnizar con $us 105 millones a la administradora de fondos de pensiones española BBVA, según un reporte del portal El Español.
El país había recurrido al Tribunal de Países Bajos para anular el laudo arbitral internacional de 2022 que ordenaba esa indemnización.
Según el reporte, el conflicto de BBVA con Bolivia por las pensiones surgió cuando el Gobierno de Evo Morales nacionalizó en 2010 la administración privada del sistema, incluida la filial de BBVA (Previsión BBVA AFP), y luego el traspaso a la Gestora Pública se retrasó y se ejecutó de forma inapropiada.
BBVA administraba pensiones en Bolivia desde 1997 a través de Previsión BBVA AFP.
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El gobierno del expresidente Morales decidió nacionalizar ese servicio y crear una entidad pública para asumirlo. BBVA sostuvo que la transición fue caótica, con retrasos y que las medidas adoptadas le perjudicaron.
Por tanto, el banco vasco llevó el caso al arbitraje internacional en 2018 alegando irregularidades, incertidumbre jurídica y trato arbitrario durante la transición.
En ese contexto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) terminó dando la razón al banco y en 2022 ordenó a Bolivia pagar una indemnización de 105 millones de dólares.
BBVA explicó en ese entonces que la disputa no era por la nacionalización en sí, ya que la entidad nunca discutió la decisión de Bolivia de nacionalizar el servicio, sino por la demora y por cómo Bolivia la implementó y por el daño que dijo haber sufrido durante el traspaso, alegando incluso hostigamiento.
Bolivia acudió al Tribunal de La Haya y demandó la nulidad del laudo, pero en 2024 el organismo resolvió a favor de BBVA rechazando todos los argumentos presentados por el país.
Sin embargo, meses más tarde, Bolivia elevó el caso y presentó un recurso de casación al Tribunal Supremo de los Países Bajos.
El portal El Español aseguró que el tribunal neerlandés también rechazó la solicitud de nulidad del laudo, lo que ratifica que Bolivia deberá pagar la indemnización.
