El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que el Gobierno “no está sabiendo gestionar los conflictos, ni en su solución, ni en el manejo de sus tiempos”.
La evaluación se dio durante la presentación del monitoreo de conflictividad en Bolivia, que registró 176 conflictos en el periodo analizado.
El informe señala que el combustible es el principal detonante, seguido por temas de gobernanza.
Callisaya alertó que el problema del combustible se está convirtiendo en un conflicto de alta densidad y larga data, al que se suman tensiones en educación, salud y ejercicio de derechos.
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Según el Defensor, la promulgación de decretos y leyes sin consulta ciudadana incrementa la conflictividad y genera incertidumbre sobre el rumbo del país. “Existe una falta claridad de adónde quiere llegar el Gobierno y cómo quiere lograr sus metas”, sostuvo.
Por ello, sugirió al Ejecutivo que hable con claridad, con transparencia acerca de su agenda estratégica, indicando metas, procesos, resultados y plazos.
En una segunda recomendación, planteó instalar una mesa de diálogo multiactor para consensuar la agenda gubernamental. En ese espacio, dijo que deberían participar líderes políticos de las principales fuerzas, representantes empresariales y dirigentes sindicales.
