En el imaginario colectivo global, la guerra, el crimen organizado y la violencia política ocupan el lugar de las grandes amenazas a la vida humana. Sin embargo, la evidencia empírica desmonta esa percepción. Cada año, los accidentes de tránsito causan alrededor de 1,19 millones de muertes en el mundo, superando ampliamente muchas formas de violencia directa. En América Latina, esta tendencia se replica con crudeza. Morir en la carretera es, estadísticamente, más probable que morir en un conflicto armado. Pero es en Bolivia donde esta tragedia adquiere rasgos particularmente perturbadores.
En 2024, el país registró 1.748 personas fallecidas en accidentes de tránsito, la cifra más alta de los últimos años y un incremento del 15% respecto a 2023. Para 2025, si bien se observó una reducción relativa, el dato sigue siendo brutal: 1.298 muertes hasta el cierre del año, lo que equivale a cerca de cuatro vidas perdidas cada día. El problema no es episódico, es estructural. En los últimos cinco años, Bolivia acumuló 6.665 personas fallecidas en siniestros viales, junto a decenas de miles de heridos. Solo en el primer semestre de 2025 ya se habían registrado 9.731 accidentes, con un promedio de 54 hechos diarios, confirmando una dinámica persistente de riesgo cotidiano. Incluso más inquietante, en el primer trimestre de 2026, las muertes aumentaron en más de 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Y mientras estas cifras se consolidan en episodios de alta letalidad, buses que caen a precipicios, colisiones masivas, accidentes recurrentes en carreteras interdepartamentales, siguen marcando la agenda sin lograr alterar la estructura profunda del problema.
Desde la sociología de la vida cotidiana, este fenómeno no puede entenderse únicamente como una crisis de infraestructura o de regulación. Es, ante todo, un proceso de normalización social de la tragedia. Alfred Schutz describía cómo los individuos operan en una “actitud natural”, aceptando el mundo como dado. En Bolivia, esa actitud ha incorporado la muerte en carretera como una variable más del orden social. La noticia de un accidente fatal ya no irrumpe, se desliza. No conmociona, se archiva. No interpela, se consume. La repetición produce habituación. Y la habituación, indiferencia. En términos de Pierre Bourdieu, estamos frente a un “habitus” social que internaliza la precariedad. Conductores imprudentes, controles débiles, carreteras peligrosas, todo ello deja de ser anomalía para convertirse en norma. La muerte deja de ser excepción para transformarse en probabilidad estadística. Lo más grave es la construcción simbólica de esta realidad, en la que cada tragedia es narrada como accidente, como fatalidad, como destino. Se habla de “hechos de tránsito”, una expresión casi neutra, administrativa, que diluye la violencia real que contienen. Así, la responsabilidad se dispersa y nadie es plenamente culpable cuando todos son parcialmente responsables. Esta es la forma contemporánea de la violencia banal.
Porque lo que ocurre en las carreteras bolivianas no es azar. Es la suma de negligencias toleradas, de incumplimientos normalizados y de omisiones institucionales reiteradas. Es una violencia sin sujeto visible, pero con víctimas muy concretas. Y frente a ella, la sociedad ha desarrollado una peligrosa capacidad de adaptación. Nos hemos acostumbrado. Nos hemos resignado. Hemos incorporado la muerte cotidiana como parte del paisaje nacional.
Pero hay algo profundamente equivocado en una sociedad que acepta que cuatro o cinco de sus miembros mueran cada día en circunstancias evitables sin que eso detone una reacción proporcional. Hay algo moralmente insostenible en esa indiferencia. Porque estas no son muertes inevitables. Son muertes prevenibles, y mientras sigamos tratándolas como una fatalidad inevitable, seguirán ocurriendo con la misma regularidad con la que se publica una noticia más. Romper esta lógica exige algo más que políticas públicas, aunque son indispensables. Exige una ruptura cultural. Exige recuperar la capacidad de indignación. Exige volver a nombrar estas tragedias por lo que son, una forma de violencia socialmente tolerada.
Defender la vida implica, también, negarse a aceptar su banalización. Implica rechazar la comodidad de la resignación. Implica incomodarse frente a cada cifra, frente a cada titular, frente a cada familia rota. Porque mientras la sociedad siga naturalizando esta locura contemporánea, la muerte seguirá circulando, cotidiana, impune, silenciosa, sobre ruedas.
*Es sociólogo
