El Gobierno informó que llegó a un acuerdo con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) en torno al pliego de demandas del sector, entre ellas impulsar ante la Asamblea, una abrogación de la ley 1720, referida a la reconversión de tierras.
El movimiento campesino que llegó con la marcha indígena a la ciudad de La Paz se reunió el miércoles por la mañana con el presidente Rodrigo Paz y parte de su gabinete en la Casa Grande del Pueblo.
Durante la mesa de diálogo la Csutcb indicó que propuso también ante las autoridades el tratamiento de una reducción del 50% en los salarios de los asambleístas, la eliminación de la renta vitalicia para expresidentes y el archivo de la denominada “Ley Antibloqueos”.
El Gobierno ratificó el acuerdo en un comunicado difundido a través de los canales de comunicación del viceministerio de Tierras.
“Tras el encuentro se firmó un acta de acuerdo con la Csutcb. El diálogo no solo es el camino, es la base para construir un mejor país”, posteó el viceministerio.
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Ley 1720
En ese espacio de diálogo participaron el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores; el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez Jiménez; el director del INRA, Hernán Pereira Fernández; y el director de Tierras, Julio Vargas.
Otro de los acuerdos clave fue la solución inmediata a la problemática del abastecimiento y calidad de los combustibles, garantizando que los mismos lleguen en buenas condiciones y asegurando el resarcimiento de daños ocasionados a vehículos debido a la mala calidad del combustible. La Csutcb también destacó el compromiso del gobierno de seguir adelante con los resarcimientos conforme a la normativa vigente.
Asimismo, el portavoz de la presidencia, José Luis Gálvez, señaló que el tratamiento de estos temas corresponde al ámbito Legislativo y el mismo ahora está en manos de lso legisladores. Por otro lado, los sectores campesinos aguardan que esa instancia parlamentaria los aborde en los próximos días.
La marcha indígena caminó más de 23 días desde Pando y Beni en demanda de la anulación de la Ley 1720.
En su contenido, esa Ley autoriza la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrarias tituladas a medianas propiedades. Busca facilitar el acceso al crédito bancario para pequeños productores, permitiéndoles usar su tierra como garantía, aunque elimina la inembargabilidad característica de la pequeña propiedad, generando debate sobre la seguridad jurídica de la tierra.
