El Gobierno anunció que trabajará en una nueva propuesta sobre la Ley 1720, de reconversión de tierras, tras el acuerdo alcanzado con sectores campesinos e indígenas que exigen su abrogación por temor a perder sus tierras.
La decisión abrió un nuevo conflicto con empresarios y productores del oriente, que rechazan cualquier modificación de la norma y advierten con medidas de presión.
En entrevista con BTV, el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, afirmó este jueves que el principal problema de la ley fue la falta de socialización antes de su aprobación en la Asamblea Legislativa.
Explicó que varios sectores campesinos e indígenas asumieron que la norma podía afectar sus territorios, pese a que, en su criterio, la ley solo apunta a permitir que pequeños productores conviertan voluntariamente sus predios en medianas propiedades para acceder a créditos y financiamiento.
“La ley salió (de la Asamblea) sin suficiente socialización”, indicó el funcionario.
Además, explicó que organizaciones como los movimientos indígenas de tierras bajas reclamaron que no existió un proceso amplio de consulta antes de su aprobación. Vaca Díez indicó que el Ejecutivo ahora apuesta por construir una norma de consenso que mantenga “la esencia” de la Ley 1720, pero incorpore nuevos artículos para despejar dudas de los sectores movilizados.
“Podemos aumentarles dos, tres artículos para que todos queden tranquilos y que sepan que es una ley que puede beneficiar a todos los pequeños productores, sobre todo en el ámbito crediticio. En el ámbito de poder buscar financiamiento con menores tasas para que tengan la posibilidad de hacer lo que ellos saben hacer, producir”, añadió.
El viceministro insistió en que la norma beneficia a pequeños productores de departamentos como Santa Cruz, Beni y Tarija, especialmente en el acceso a créditos con menores tasas. Sin embargo, reconoció que muchos campesinos consideran que la ley representa un riesgo para sus tierras debido a versiones e interpretaciones que circularon tras su aprobación.
Muchos productores, por ejemplos de quinua, aseguran que más que necesitar créditos, necesitan mercados para exportar sus productos.
El conflicto también dejó al descubierto divisiones entre sectores productivos y campesinos sobre una ley que, paradójicamente, fue aprobada anteriormente por la propia Asamblea Legislativa y respaldada por varios parlamentarios que ahora cuestionan su aplicación.
Mientras organizaciones indígenas y campesinas marcharon durante 28 días desde tierras bajas hasta La Paz para exigir su abrogación, empresarios agropecuarios salieron en defensa de la norma y acusaron al Gobierno de ceder a la presión social.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazó la posibilidad de eliminar la ley y declaró al sector en emergencia. Su presidente, Klaus Frerking, afirmó que la norma garantiza seguridad jurídica y crecimiento económico para pequeños productores privados, además de facilitar acceso al financiamiento. El sector incluso advirtió con movilizaciones si la Asamblea avanza en la abrogación.
En medio de la disputa, el Gobierno busca evitar una escalada de conflictos sociales. Vaca Díez aseguró que el Ejecutivo prioriza el diálogo para alcanzar acuerdos con todos los sectores y evitar nuevos bloqueos o protestas.
Además, anunció que el oficialismo trabajará en un proyecto alternativo que preserve los objetivos centrales de la Ley 1720, pero incluya observaciones planteadas por organizaciones campesinas e indígenas.
