Tras conocerse la posibilidad de abrogación de la Ley 1720, distintos sectores cruceños cuestionan la presunta intención y se unen para defender esa normativa, que autoriza al INRA a realizar la conversión voluntaria de la clasificación de «pequeña propiedad» titulada a «propiedad mediana».
En primera instancia, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) exhortó al Gobierno a retirar cualquier tipo respaldo referido a la revocación de la ley.
En ese sentido, su titular Klaus Frerking señaló que la CAO se declaró en estado de emergencia y exigió la abrogación del Decreto 5613, en defensa de la normativa vigente que regula la propiedad y producción en el país.
El Decreto Supremo 5613, promulgado en abril de 2026, establece lineamientos operativos para la dotación y titulación de tierras en la región amazónica de Bolivia, priorizando los departamentos de Pando y Beni. Busca agilizar la entrega de tierras a comunidades campesinas e indígenas y frenar marchas movilizadas en la zona.
Consulte: Rodrigo Paz observa falta diálogo en debate sobre la Ley 1720
Cruceños
Otros sectores que expresaron su desacuerdo con esa abrogación son agropecuarios, ganaderos, el Comité Pro Santa Cruz y algunos líderes políticos.
«El Gobierno de Rodrigo Paz pretende eliminar la Ley 1720, quitándole al pequeño productor la oportunidad de crecer, de acceder a créditos y de progresar por voluntad propia”, señala un comunicado de Comité pro Santa Cruz.
A través de su cuenta de X, el exgobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, afirmó que la norma garantiza derechos de pequeños propietarios rurales y facilita el acceso al crédito y a la modernización productiva.
La Brigada Parlamentaria Cruceña emitió un comunicado oficial que rechaza de manera contundente cualquier intento de abrogar la Ley 1720.
Gobierno
Las protestas surgen tras publicaciones de sectores indígenas que aseguran que acordaron con el Gobierno la abrogación de la ley. Tras una reunión que integrantes de la marcha indígena que llegó a La Paz sostuvieron con el Ejecutivo.
A su turno, el presidente Rodrigo Paz señaló durante un foro de la CAF que cuestiona la falta de diálogo en torno a la Ley 1720. Al señalar que emergieron propuestas para ajustar el contenido mediante la incorporación de nuevos artículos y modificaciones que permitan mejorarla y generar mayores consensos.
“Tiene una base de ley buena, pero le faltó margen de diálogo en ciertos sectores”, aseveró la autoridad.
Estos posicionamientos se dan en un contexto de alta tensión. Varios sectores productivos denuncian que la intención de abrogar esta ley perjudica principalmente al 90% de pequeños productores que buscan tecnología y mejores oportunidades.
