El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció este sábado que el Gobierno enviará la Ley de Autonomías al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para solicitar la revisión de varios artículos.
Según explicó, dichos artículos restringen las competencias y libertades de los gobiernos subnacionales.
La autoridad realizó el anuncio durante el cierre del encuentro nacional celebrado en Cochabamba, donde participaron autoridades nacionales, gobernadores, alcaldes y representantes de distintos sectores.
Ley de Autonomías
“Durante mucho tiempo nos han dicho que la Ley de las Autonomías estaba para impulsarla, pero en realidad ha sido el marco bajo el cual se le ha cercenado a las autonomías muchas libertades”, sostuvo Espinoza.
El ministro afirmó que la normativa terminó limitando la capacidad de gestión de gobernaciones y municipios.
“Se les decía que tenían autonomías, pero en el fondo les quitaron libertad financiera, libertad competencial y la capacidad normativa efectiva”, señaló.
En ese contexto, anunció que el Ejecutivo impulsará una revisión constitucional de la norma, principalmente de los artículos comprendidos entre el 82 y el 100.
TCP
“Estamos denunciando la Ley de Autonomías, vamos a enviar a revisión constitucional esa ley, principalmente entre los artículos 82 y 100 que les quitan todas las libertades a los Gobiernos subnacionales”, afirmó.
Espinoza convocó además a alcaldes y gobernadores a respaldar la iniciativa, al considerar que el debate forma parte de la construcción de una nueva relación fiscal y competencial entre el nivel central y las regiones.
Según la autoridad, el objetivo es avanzar hacia una estructura “horizontal” entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales autónomas.
Revisión
“Denunciando esa ley, que le quita las libertades a los Gobiernos subnacionales, empezamos a construir la base de una verdadera relación horizontal entre el Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales”, manifestó.
El planteamiento surge en medio del debate sobre el denominado 50/50, propuesta impulsada por varias autoridades regionales para redistribuir recursos públicos entre el nivel central, gobernaciones, municipios y universidades.
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