El juicio oral contra el expresidente Evo Morales por el caso de trata y tráfico de personas con agravante comenzará este lunes en Tarija. Sin embargo, la defensa jurídica del exmandatario confirmó que no asistirá a la audiencia de instalación porque, según indicaron sus abogados, no fue legalmente notificado.
Los juristas que representan al líder cocalero cuestionaron, además, el desarrollo del proceso impulsado por la Fiscalía y denunciaron supuestas vulneraciones al debido proceso, en medio de un caso que volvió a tensionar el escenario político y judicial del país.
Evo Morales
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que una comisión de fiscales viajará a Tarija para sostener la acusación durante la etapa oral del proceso.
“Estamos en la puerta de un juicio oral y ya será el tribunal de sentencia que determine el absolver o condenar a esta persona dentro del proceso penal”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.
La máxima autoridad del Ministerio Público aseguró, además, que el Ministerio Público ya presentó los elementos probatorios correspondientes y señaló que serán expuestos durante la audiencia “por respeto a la investigación, a las víctimas y denunciantes”.
Juicio
Según la acusación en este caso, abierto de oficio por la Fiscalía de Tarija en 2024, Morales tuvo una relación con una adolescente en 2015, mientras ejercía la Presidencia y que de esa relación nació una hija.
El abogado Nelson Cox, que también defiende al expresidente, sostuvo que la defensa identificó irregularidades en la acusación y observaciones relacionadas con las garantías procesales.
Según explicó, la supuesta víctima negó en distintas oportunidades haber sido afectada por algún delito, aspecto que —a criterio de la defensa— debilita la acusación fiscal.
Pese a ello, Cox indicó que el equipo jurídico continuará asumiendo la defensa legal del exmandatario, aunque ratificó que Morales no se presentará en la audiencia prevista para este lunes.
Inasistencia
La posición también fue respaldada por el abogado y exprocurador general del Estado Wilfredo Chávez, quien anunció que acudirán a instancias internacionales para denunciar presuntas vulneraciones de derechos.
Desde el entorno político de Morales se insistió en que el proceso forma parte de una supuesta estrategia de “guerra jurídica” destinada a afectar al exmandatario en medio de la actual coyuntura política nacional.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, cuando se abrió el expediente. Está refugiado en esa zona para eludir una orden de aprehensión que aún está pendiente de ejecución.
En enero de 2025 año, un tribunal lo declaró rebelde luego de que no acudiera a anteriores convocatorias judiciales relacionadas con el caso.
