El Gobierno nacional respondió al pedido de garantías de seguridad formulado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, tras el asesinato del magistrado agroambiental Víctor Hugo Claure Hinojosa, y anunció la conformación de una unidad élite destinada a la protección de autoridades del Estado.
El Gobierno, según El Deber, informó que la seguridad de magistrados y autoridades judiciales será asumida por la Dirección Nacional de Seguridad de Dignatarios (Usedi), una estructura policial especializada con alcance nacional.
Seguridad
Según el Gobierno, la nueva unidad tendrá la misión de resguardar a autoridades del Órgano Judicial, Ministerio Público, Asamblea Legislativa y otras instancias estatales, en un contexto marcado por la preocupación sobre el avance del crimen organizado y los hechos de violencia contra operadores de justicia.
“El Gobierno toma con la mayor seriedad la preocupación expresada por el magistrado Saucedo respecto a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para las autoridades del Tribunal de Justicia”, señala parte del comunicado oficial.
Altas autoridades
La respuesta del Ejecutivo se produce luego de las declaraciones de Saucedo, quien advirtió sobre una “ausencia de Estado” frente al crimen organizado y afirmó que “el sicariato le dobló el brazo al Estado”, tras el asesinato de Claure ocurrido en Santa Cruz el pasado 30 de abril.
El titular del TSJ reveló además que el Órgano Judicial remitió una carta al presidente Rodrigo Paz Pereira solicitando garantías de seguridad para magistrados y altas autoridades judiciales, aunque señaló que inicialmente no existió una respuesta formal inmediata.
Usedi
En ese contexto, el Gobierno sostuvo que la creación de la Usedi apunta a sustituir los “esquemas dispersos” de protección por un sistema especializado, preventivo y con capacidad de reacción estratégica ante amenazas vinculadas a violencia, atentados y redes criminales.
El anuncio también se produce días después de que el Órgano Judicial no participara del “gran encuentro nacional” convocado por Paz en Cochabamba, donde distintos actores políticos debatieron reformas institucionales y medidas para enfrentar la crisis económica y política del país.
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