El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5618 que anula las fiscalizaciones y deudas coactivas de la Caja Nacional de Salud (CNS) a las cooperativas mineras auríferas, estableciendo un nuevo marco para la regularización de sus aportes a la seguridad social.
La norma deja sin efecto todas las fiscalizaciones realizadas por la CNS a los «Seguros Delegados» de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) desde enero de 2016 hasta diciembre de 2025.
Asimismo, se anulan las Notas de Cargo emitidas por la División Coactiva de la CNS contra estas cooperativas por el mismo periodo (2016-2025), lo que representa un monto superior a los 95 millones de bolivianos (Bs 60,5 millones de Ferreco y Bs 35,8 millones de Fecoman).
Mediante un reporte de la Dirección de Comunicación, el Gobierno aclaró que no se trata de un «perdonazo, sino de una regularización técnica, debido a que sin condonación no existe perdón de deudas el objetivo es auditar y revisar los aportes del periodo 2013-2016”.
Asimismo, el reporte indica que se realizó un rastreo de fondos, dado que el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales en Bolivia (Senarecom) debía debitar automáticamente el 1.8% de los aportes. Se busca verificar el destino y registro de esos recursos.
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Regulaciones
Según el reporte, existe un vacío normativo, se identificó que la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) carece de regulaciones adecuadas para fiscalizar «seguros delegados» en cooperativas, cuya naturaleza jurídica es distinta a la de empresas privadas o públicas.
El Decreto Supremo 5618 es un nuevo mecanismo, que busca crear un instrumento de fiscalización específico para el sector minero cooperativo y realizar una revisión técnica-contable de los aportes devengados.
Además, el reporte indica que existe un compromiso de pago, tras la nueva auditoría, si se determinan deudas reales con la CNS, las cooperativas se han comprometido a cancelarlas de inmediato.
Se apunta a garantizar la seguridad jurídica y transparencia mediante un proceso justo adaptado a la realidad del sector, remarcó el reporte.
