El Ministerio de Hidrocarburos y Energías informó la aprobación del Decreto Supremo N° 5619, una nueva normativa que actualiza y modifica de manera integral las especificaciones de calidad de los carburantes producidos en el país e importados, con el objetivo de garantizar mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y protección del parque automotor.
Según el comunicado, la medida fue impulsada por el ministro Marcelo Blanco, en cumplimiento de las directrices del presidente Rodrigo Paz Pereira.
«La aprobación de este Decreto Supremo demuestra la responsabilidad de una gestión que no solo planifica, sino que ejecuta controles estrictos. El combustible que ingresa y se refina en Bolivia debe cumplir con los más altos estándares internacionales, y no permitiremos que se juegue con la economía ni el patrimonio de las familias bolivianas», indica la comunicación.
El decreto establece una actualización técnica de los parámetros de control de combustibles, con reducciones significativas en componentes contaminantes. Entre las principales disposiciones se encuentra la disminución del azufre en gasolinas de 500 partes por millón (ppm) a 200 ppm, y en diésel de 500 ppm a 50 ppm, además de ajustes en niveles de olefinas, gomas, manganeso y la incorporación de nuevas pruebas de calidad como el período de inducción.
También lea: Se registran filas que superan las 15 cuadras en surtidores de la zona Sur
Carburantes
Asimismo, la norma prohíbe el uso de ciertos aditivos oxigenados considerados nocivos, con el fin de mejorar la calidad de combustión y reducir emisiones contaminantes.
El decreto también establece obligaciones estrictas para toda la cadena de hidrocarburos, incluyendo la realización de pruebas de laboratorio obligatorias antes de la distribución, la trazabilidad total del producto, la limpieza de tanques de almacenamiento y la certificación del transporte de combustibles.
De igual forma, se refuerza el régimen de control y sanciones para casos de adulteración o comercialización de carburantes fuera de norma, además de exigir pólizas de responsabilidad civil a los operadores para proteger a los consumidores ante posibles daños.
El Ministerio destacó que el objetivo de esta normativa es fortalecer el control de calidad en toda la cadena de suministro y garantizar combustibles más limpios, seguros y eficientes para la población.
Finalmente, el Gobierno ratificó su compromiso de trabajar con mayor rigor técnico y transparencia para asegurar el abastecimiento energético del país bajo estándares de calidad más exigentes.
