En medio de la reconfiguración del orden mundial y del giro político que atraviesa América Latina, el presidente Rodrigo Paz recibió en los últimos días un fuerte respaldo diplomático de Estados Unidos, de los países miembros de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un contexto marcado por la crisis política y social que vive Bolivia.
Todas las acciones y pronunciamientos diplomáticos se dan en el marco de la profunda crisis política y social por la que atraviesa el país. Hace 20 días, se instalaron puntos de bloqueo en diferentes regiones del país.
En paralelo a ese respaldo internacional, el Gobierno también marcó distancia de Colombia, uno de los pocos gobiernos de izquierda que aún mantienen protagonismo en la región. La tensión diplomática entre ambos países escaló en medio de los conflictos internos y de las posiciones asumidas por el presidente colombiano Gustavo Petro respecto a las protestas en Bolivia.
Las movilizaciones comenzaron con demandas sectoriales impulsadas por mineros, maestros, obreros y fabriles, quienes exigían mejoras laborales y atención económica. Sin embargo, el conflicto tomó posteriormente un carácter político. La Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores dejaron de lado sus reclamos iniciales y concentraron sus pedidos en la renuncia del presidente Paz.
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Frente a ese escenario, el Gobierno denunció un supuesto intento de ruptura del orden constitucional. Desde el Ejecutivo señalaron directamente al expresidente Evo Morales y a sectores del Trópico de Cochabamba como articuladores de las protestas y bloqueos.
Morales respondió respaldando las movilizaciones y planteó elecciones anticipadas en un plazo de 90 días como vía para pacificar el país. El exmandatario sostuvo además que existe una persecución política en su contra.
En paralelo, Petro defendió las protestas y afirmó que Bolivia atravesaba una “insurrección popular”. Posteriormente, Morales denunció en redes sociales una supuesta instrucción de Estados Unidos para “matarlo o detenerlo” en el Trópico cochabambino, declaración que llevó a Petro a pedir públicamente a Washington no actuar contra el líder cocalero.
La tensión diplomática escaló cuando el mandatario colombiano denunció presuntos ataques armados contra manifestantes, afirmaciones que el Gobierno boliviano rechazó por falta de pruebas. Como respuesta, el canciller Fernando Aramayo declaró persona non grata y expulsó a la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García Carrillo.
Después de la decisión diplomática, Aramayo desafió a Petro a viajar al Chapare y llevar a Morales ante la justicia para responder por procesos vinculados a trata. En la misma conferencia, el canciller agradeció a Argentina por el envío de dos aviones Hércules destinados a reforzar el puente aéreo de abastecimiento hacia La Paz.
La ayuda argentina refleja además un nuevo mapa político regional. América Latina atraviesa un ciclo de fortalecimiento de gobiernos de derecha o centroderecha, entre ellos Argentina con Javier Milei, Ecuador con Daniel Noboa, Paraguay con Santiago Peña, El Salvador con Nayib Bukele y Panamá con José Raúl Mulino. A ello se suma el ascenso de liderazgos conservadores en otros países de la región.
Durante casi dos décadas, Bolivia mantuvo una política exterior alineada con los gobiernos progresistas y con el Sur Global, especialmente bajo las administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Dicha etapa coincidió con la llamada “marea rosa”, impulsada en los años 2000 por el auge de las materias primas y por líderes como Hugo Chávez (Venezuela), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y, posteriormente, Andrés Manuel López Obrador (México).
No obstante, el desgaste económico, la inflación, los conflictos sociales y el desencanto ciudadano provocaron un retroceso de la izquierda en varios países de América Latina y fortalecieron opciones políticas más conservadoras.
En ese contexto, la administración de Rodrigo Paz consolidó desde noviembre de 2025 un giro en política exterior. El Gobierno fortaleció vínculos con Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y países del Norte, aunque sin romper relaciones estratégicas con China.
La ruptura más visible ocurrió con Colombia, uno de los pocos gobiernos de izquierda que aún mantienen protagonismo regional.
A mayo de 2026, los principales gobiernos de izquierda son Brasil con Lula, México con Claudia Sheinbaum, Uruguay con Yamandú Orsi y Colombia con Petro.
