Cuando en junio del año pasado (2025) se hicieron emboscadas y se asesinó a policías y civiles en las cercanías de Llallagua (Potosí), en medio de un bloqueo general de caminos, pensamos que habíamos llegado a un extremo de violencia sin retorno y que era difícil imaginar un futuro en democracia y paz.
La cercanía de la fecha de las elecciones generales (17 de agosto), junto a una clara voluntad del Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral de llevarlas a cabo, devolvió la tranquilidad y la confianza necesarias para resolver en democracia la crisis política y económica. Fue tan efectiva la tranquilidad general y el retorno de la confianza que el riesgo país bajó, lo mismo que el dólar.
Comicios
Con las elecciones generales en primera vuelta no hubo problema: el futuro presidente, con la sigla del PDC, había logrado un 32% de los votos, que lo ubicó primero —fuera de todas las previsiones— y con 6 puntos por encima del segundo, Quiroga. Con esta votación logró mayoría en las dos cámaras legislativas. Sin embargo, los resultados electorales alertaron de un enorme 15,5% de votos nulos sin candidatos elegidos por falta de sigla.
En la segunda vuelta hubo una corrida electoral a favor del PDC, que agregó más de un 22%. Los votos nulos respaldaron la fórmula Paz-Lara y en 166 municipios arrasaron con más del 70% de los votos válidos. El mapa electoral muestra esa votación concentrada en el occidente, los valles interandinos y, en especial, en la ciudad de El Alto. El histórico mapa azul de las densas votaciones del MAS cambió sin variaciones al verde del PDC.
La conexión político-electoral con el occidente aimara y quechua y su vinculación con el comercio vía Chile y Perú, la economía informal y el contrabando se transformó en una propuesta con dos potentes, aunque genéricas, consignas: «Capitalismo para todos» y abajo «el Estado tranca». El tándem programático convocó a los sectores populares, rurales y campesinos del occidente, cuyas economías se potenciaron durante los 20 años de gobiernos del MAS, pero que no votarían nuevamente por la sigla.
La propuesta económica estaba dirigida: «Vamos a liberalizar, pero no para los ricos; lo haremos para los pobres». En Bolivia ya «no habrá contrabando porque todo será legal». «Bajaremos los aranceles para acabar con ese Estado tranca que no nos permite traer productos, tecnología. Necesitamos créditos a bajos intereses», etcétera. La propuesta coronaba con «cerrar la Aduana».
Compromisos
Al decálogo económico-social, el candidato a presidente añadió otro increíble compromiso pensando en Santa Cruz y la generalidad de gobernaciones y alcaldías, que sufren por la disminución de la renta petrolera y de los ingresos por transferencia. La frase fue: «El 8 de noviembre asumimos el gobierno y, al día siguiente, el 9, firmaré el decreto supremo del 50/50». Esta oferta no era genérica ni solo palabras: era financiera y contable. El gobierno central administra, cuando menos, el 80% del gasto público, del cual repartiría un 30% entre los gobiernos autónomos (gobernaciones y alcaldías) y las universidades públicas, de manera que habría una redistribución mitad a mitad, 50 y 50.
Está demás decir que la base de legitimidad del triunfo electoral de Paz-Lara, con un contundente 54% en la segunda vuelta, a más de seis meses no se cumplió. Por el contrario, hubo un vuelco de 180 grados en la orientación política del gobierno.
Lara
Lo que sucedió, al día siguiente, camino a la primera reunión de Gabinete, fue que la jefa de Gabinete despidió al vicepresidente Lara con un cortés «no es necesaria su presencia». Acá empieza el quiebre con el electorado. En cuanto al 50/50 del primer día, nadie volvió a acordarse seriamente. Su cumplimiento exigiría una redistribución del catálogo competencial, y cumplir la oferta equivale a reformar la Constitución Política.
El resto de la deriva tiene que ver con un gabinete casi pueblerino, una combinación de familiares y amigotes que, ahora, a título de «reordenamiento», incluye a un colega bailarín. Se incumplió el básico mandato democrático, que es el cumplimiento de la oferta electoral. El gobierno, antes que responder al electorado popular, rural y campesino que lo eligió, empezó a servir a los que no lo votaron; se fue sin rubor con los que votaron en contra: los grupos de poder vinculados al agronegocio en Santa Cruz.
Ejercicio del poder
El primer mensaje, y premonitorio, fue el intento de eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Un guiño al poder establecido y un gesto de sometimiento a los exportadores del oriente, porque, pasadas las elecciones, ya no era necesario decir cualquier cosa o llenarse la boca de Bolivia o Patria: había que consolidar un esquema que permita el alineamiento conservador que cruza el continente. En esa línea se promulgó una chapuza de decreto supremo, el 5503, mal concebido y peor redactado. La movilización de resistencia liderada por la COB logró su abrogación, pero ya quedó el antecedente de cómo, para qué y por dónde quería ir el gobierno y quién lideraría la oposición.
El grueso de ese decreto debía ir vía ley. Pero la situación termina de descarrilarse con la Ley 1720, supuestamente a favor de los pequeños propietarios, pero que solo la defienden las corporaciones agropecuarias, porque se trata de reconcentrar la propiedad agraria en el oriente. Finalmente, si faltase algo para inflamar el enojo en el occidente, en especial, La Paz y El Alto, ahí está la tramoya que impidió la elección democrática del Gobernador de La Paz,
Es en este nuevo esquema antidemocrático y de irrespeto a la voluntad popular, cuando se consolida de “asesor presidencial” el personaje argentino que de marquetinero electoral pasa a vendedor de estampitas libertarias. Esa colección de frases que se presentan como ideas sin ideología y que aseguran dar de comer mejor que un plan de gobierno. La cuestión es más compleja, pero es difícil creer que habilidades en «microsegmentación social» fuesen mejor que nuestras brochas gordas y las articulaciones sociales que pintaron de verde lo que era azul.
Conflictividad
La cuestión de hoy es que de la inconsecuencia política y la deriva gubernamental pasamos a una situación política crítica y a riesgos de enfrentamientos a una escala imprevisible. El gobierno solo atina a echarle la culpa a los 20 años y a Evo Morales, cuando cualquiera cercano a la política sabe que la COB tiene un liderazgo minero propio, que los maestros tienen direcciones trotskistas hace décadas, que los transportistas están movilizados por la falta de combustible y los daños producidos por la gasolina basura o que a los cooperativistas mineros solo les interesa el oro, etcétera. Pero, encima, tratar la movilización social como «un esquema macabro», «financiado por el narcotráfico» y, finalmente, insultar a los dirigentes de vándalos, es un error político. Esa diatriba impide cualquier diálogo constructivo o negociación seria, a la altura de un conflicto que ingresa a la cuarta semana.
Tres lecciones. Una: la situación se desborda peligrosamente y la institucionalidad política no funciona. El haber impedido la representación política de los sectores populares, rurales y campesinos ha hecho que Asamblea Legislativa Plurinacional sea un adorno caro y no el escenario institucional para debatir las diferencias ideológicas; por ello, la disputa política pasó a las calles y las carreteras.
Dos: el deterioro económico está llegando a situaciones extremas y ya está previsto que decreceremos (-3,2%), pero corremos el riesgo de profundizar el deterioro productivo hasta límites insostenibles y de evitar las inversiones que tienen que sacarnos del pozo, sobre todo en el terreno energético.
Tres: estamos ante un gobierno fallido, que no puede cumplir lo que ofertó, no tiene programa y solo reacciona desesperadamente, como cuando a los cooperativistas mineros se les perdona sus aportes a la CNSS o se autoriza su ilegal ingreso a las áreas protegidas, con tal de sacarlos de las calles.
Buscando una salida
La propuesta de un diálogo en torno a un supuesto Consejo Económico y Social solo es la expresión de un deseo sin lugar, fecha ni programa y cuando la movilización social llega al bloqueo de caminos no quiere dialogar, busca decisiones.
Es imprescindible, sano, prudente e inteligente plantearse la cuestión de que salvar la democracia implica discutir la suerte de este gobierno a la deriva, sin ideas ni base social. Este diálogo debe realizarse de inmediato entre las grandes corporaciones sociales, como la COB y la CSUTCB, lo mismo que sus pares privados, la CAINCO y la CAO, y, por supuesto, las organizaciones políticas con peso social o corporativo; no hablamos de siglas.
Si no nos reconocemos como parte de un único país, no podemos tener una visión compartida de la convivencia, que, por supuesto, implica diferencias y vivir en democracia. Intentar y realizar este extremo e inédito diálogo intersectorial e interregional es tomar consciencia de que un fracaso a este nivel es abrir las puertas del infierno.
