En el marco del Foro Regional Las Américas 2026, organizado por CAINCO, Carmen Correa visitó Bolivia con una doble mirada. Por un lado, la celebración de los 36 años de Pro Mujer, la empresa social que nació en El Alto en 1990. Por otro, un reclamo concreto sobre la regulación que rige al sector microfinanciero en el país. Pro Mujer ha desembolsado más de $us 4.400 millones en créditos y atendido a más de 2,5 millones de beneficiarias en América Latina. De estas, 1,8 millones corresponden a Bolivia, con alcance en los nueve departamentos del país.
Correa nombra el problema. «Lo que estamos viendo en Bolivia es una normativa muy excesiva. Una regulación que debería adaptarse a lo que son las instituciones microfinancieras, a las IFD, las Financieras de Desarrollo. Muchas veces quieren tratarlas como un banco, y no somos un banco», afirma.
La distinción es sustancial. Pro Mujer introdujo en Bolivia la banca comunal, que permitió a miles de mujeres acceder a créditos solidarios sin garantías tradicionales.
«Nosotros tenemos metodologías únicas, por ejemplo, la banca comunal, que nos permite llegar a mujeres. Llegar a esa población que muchas veces por primera vez está accediendo a un crédito, que por primera vez está pudiendo integrarse en el sector financiero. No hay garantías reales; tenemos una forma diferente de dar acceso a ese crédito. Entonces, no podemos ser considerados como un banco», insiste la ejecutiva.
Para Correa, las microfinanzas no son un nicho marginal. «Son realmente un dinamizador de la economía. Para mí son la mejor política social y económica que podemos tener. Sobre todo para llegar a esas poblaciones más vulnerables, para darles las oportunidades que están requiriendo».
Adopción tecnológica
Mientras pide flexibilización normativa, Pro Mujer atraviesa una transformación digital acelerada. La organización trabaja con fintechs, bancos digitales y otras instituciones microfinancieras en la región. También ha incorporado inteligencia artificial en sus programas educativos. «Venimos incorporando IA en nuestros programas educativos para poder tener mentorías 24/7. Es decir, en todo momento las mujeres emprendedoras pueden acceder al soporte, a la mentoría que están requiriendo para desarrollar sus negocios», detalla Correa.
En Bolivia, esa modernización convive con el modelo histórico. La organización opera billetera digital, seguros y préstamos individuales junto a la banca comunal. También cuenta con Innova Salud. Una red de 32 consultorios con presencia en los nueve departamentos que ofrece servicios de atención primaria a precios accesibles. Consiste en la atención de salud a través de consultas presenciales o virtuales de medicina general.
La ejecutiva subraya que la tecnología no puede ser excluyente. «Lo que buscamos siempre es que nadie quede detrás. Muchas veces queremos llegar con tecnología, pero debemos desarrollar programas híbridos, apalancándonos en tecnología, pero yendo a las comunidades, teniendo una presencia física que permita empezar con una educación digital para luego adentrarnos en el uso de las plataformas».
La próxima frontera
Pro Mujer tiene presencia y programas activos en 28 países de América Latina y Estados Unidos. Sin embargo, sus operaciones presenciales directas, centros de servicios y enfoque principal se concentran en seis países de la región. La próxima semana realizará en Lima su Foro GLI, dedicado a la inversión con enfoque de género, que reúne a más de mil inversores y representantes de los sectores público, privado y académico.
Sobre el horizonte de los próximos diez a veinte años, Correa es categórica y vuelve al punto inicial. «Queremos, sin duda, una flexibilización de ciertas normativas. En especial, en Bolivia necesitamos revisar esa normativa y esa regulación que nos permiten operar. Queremos poder llegar cada vez más lejos, generando un impacto mayor en las mujeres, en la sociedad, y pudiendo así atraer más inversión del exterior».
