Desde 2020, Bolivia atravesó una cadena de bloqueos y paros que reflejan la creciente polarización política, las disputas internas del oficialismo y el deterioro económico.
En seis años, al menos 13 conflictos de alto impacto nacional paralizaron las carreteras, cercaron las ciudades y provocaron millonarias pérdidas económicas, además de muertos y heridos.
Los primeros conflictos surgieron tras las elecciones generales de 2020. Sectores opositores desconocieron la victoria de Luis Arce y promovieron bloqueos poselectorales para exigir auditorías y modificaciones al reglamento legislativo.
Bloqueos
En 2021, los paros y bloqueos cívicos se concentraron en el eje central del país. Las movilizaciones rechazaban leyes consideradas “abusivas” y denunciaban supuesta persecución política contra opositores.
Uno de los conflictos más extensos ocurrió en 2022, cuando Santa Cruz de la Sierra encabezó un paro de 36 días para exigir la realización anticipada del Censo de Población y Vivienda. La medida tensionó la relación entre el Gobierno y los sectores cívicos.
La conflictividad se trasladó luego al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS). En enero de 2024, sectores afines a Evo Morales impulsaron un bloqueo de 16 días para exigir elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados denominados “autoprorrogados”.
Conflcito
Ese mismo año, la crisis económica intensificó las protestas. Entre mayo y agosto de 2024, el transporte pesado protagonizó cuatro bloqueos consecutivos por la escasez de diésel, falta de dólares y aumento de costos operativos. El conflicto de agosto superó los 100 puntos de bloqueo y fue considerado uno de los más severos del periodo.
En septiembre de 2024, Morales encabezó la denominada “Marcha para salvar la patria”, acompañada de bloqueos evistas que mezclaban demandas económicas con presión para habilitar su candidatura presidencial. Paralelamente, la Federación Túpac Katari bloqueó caminos en La Paz por disputas internas dentro del MAS y pugnas sindicales campesinas.
Tensión
Entre octubre y noviembre de 2024 se produjo el bloqueo evista más prolongado y conflictivo. Durante 24 días, carreteras de Cochabamba y el occidente quedaron paralizadas para exigir garantías políticas y judiciales para Morales. El Gobierno estimó pérdidas superiores a 2.200 millones de dólares.
La escalada continuó en junio de 2025, cuando bloqueos evistas en Llallagua y Cochabamba derivaron en enfrentamientos que dejaron cuatro fallecidos y más de 170 heridos, según reportes.
Finalmente, en mayo de 2026, nuevos bloqueos nacionales cercaron La Paz y El Alto durante más de tres semanas. El conflicto provocó desabastecimiento, enfrentamientos y operativos militares y policiales de desbloqueo, consolidando uno de los ciclos de conflictividad más intensos de la historia reciente del país.
Análisis
Para el analista político y exministro Reymi Ferreira, los conflictos actuales muestran que el gobierno del presidente Rodrigo Paz todavía no logró consolidar un aparato político e institucional capaz de anticipar, contener y resolver las tensiones sociales antes de que deriven en escenarios de confrontación.
A su juicio, el Gobierno enfrenta limitaciones evidentes para gestionar la conflictividad en un contexto de alta presión económica y fragmentación política.
A su juicio, la administración nacional enfrenta limitaciones evidentes para gestionar la conflictividad en un contexto de alta presión económica y fragmentación política.
Prevención de bloqueos
“Los conflictos revelan que el gobierno aún no ha logrado estructurar un equipo que pueda prevenir, encarar y resolver los conflictos”, sostuvo Ferreira, quien además remarcó que el Ejecutivo tuvo que optar entre el uso de la fuerza o la negociación para enfrentar los bloqueos.
En medio de las protestas, La Paz y El Alto registraron problemas de abastecimiento, incremento de precios y largas filas para adquirir combustibles, situación que generó preocupación sobre el impacto de las movilizaciones en derechos básicos de la población. Ferreira consideró que, aunque la ley faculta al Gobierno a utilizar la fuerza pública para desbloquear rutas, la decisión de evitar una intervención represiva fue correcta debido al riesgo de generar muertos y profundizar aún más la crisis.
Uso de la fuerza
“El gobierno tiene dos alternativas, utilizar la fuerza que la ley le faculta o intentar resolver la situación a través de negociaciones. Ha elegido no utilizar la fuerza, lo que me parece lo más prudente, porque la experiencia demuestra que el uso de la fuerza puede generar derramamiento de sangre y eso se convierte en combustible para nuevos conflictos”, afirmó.
Las jornadas de tensión también dejaron denuncias de agresiones contra periodistas, policías y ciudadanos. Para Ferreira, cualquier acto de violencia debe ser condenado, especialmente cuando afecta a civiles o trabajadores de la prensa. “La agresión a la prensa es inadmisible, porque además de la integridad de las personas se afecta la libertad de expresión e información”, señaló.
Sectores
Aunque el Gobierno sostiene que existen grupos organizados con intenciones desestabilizadoras y sectores movilizados denuncian persecución política, Ferreira considera que la situación responde a una mezcla de reivindicaciones legítimas e intereses políticos. Según su análisis, algunas demandas iniciales tenían sustento, particularmente aquellas vinculadas a normas agrarias cuestionadas por distintos sectores sociales. Sin embargo, considera que la continuidad de los bloqueos después de ciertos acuerdos ya no encuentra respaldo democrático.
Por su parte, El analista Carlos Saavedra coincide en que el país vive una transición política profundamente complejo. En su criterio, Bolivia atraviesa el choque entre un modelo político que se resiste a desaparecer y otro que todavía no logra consolidarse plenamente. Esa tensión, afirma, explica gran parte de la conflictividad actual.
“Estamos en un momento de transición que siempre se caracteriza por este tipo de escenarios. Hay un régimen que no termina de morir y uno nuevo que no termina de nacer”, explicó.
Disputa
Saavedra considera que el país enfrenta una etapa de redefinición histórica, donde se discute no solo quién ejerce el poder político, sino también qué elementos del Estado Plurinacional permanecerán y cuáles deberán transformarse. En ese marco, cree que el conflicto actual no puede interpretarse únicamente como una disputa coyuntural, sino como parte de una crisis más amplia de carácter político, económico e institucional.
Al igual que Ferreira, Saavedra rechaza la violencia como mecanismo de resolución. Considera que el bloqueo prolongado de ciudades vulnera derechos humanos y profundiza el deterioro económico, aunque también cuestiona a quienes impulsaban una intervención represiva inmediata.
Ahora, se espera la resolución del conflicto que generó desabastecimiento y alza de precios de la canasta familiar. Mientras, siguen latentes los pedidos de un estado de excepción.
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