La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) rechazó el Auto Supremo N.º 1190/2026 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al considerar que la resolución incumple la tutela otorgada por una Sala Constitucional y afirmó que el Estado le adeuda desde hace más de 16 años la indemnización por la expropiación de sus acciones en Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).
En torno al fallo, Soboce señaló en un comunicado que el mismo mantiene las vulneraciones al debido proceso identificadas en un auto anterior. La empresa anunció que agotará todas las vías jurisdiccionales, constitucionales e internacionales para impugnar la decisión y vinculó el litigio con la indemnización.
Lla cementera expresó su «formal y profunda disconformidad» con la resolución, señalando que fue emitida en un contexto de «amedrentamiento» en Chuquisaca y a nivel nacional. Según la empresa, el nuevo Auto Supremo desconoce de facto la tutela concedida por la Sala Constitucional de La Paz, que había ordenado emitir un nuevo pronunciamiento tras identificar vulneraciones al debido proceso en el fallo anterior del TSJ.
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TSJ
Soboce sostiene que la resolución no reparó las irregularidades observadas por la justicia constitucional y que se limitó a realizar cambios formales, incumpliendo el mandato de dictar un nuevo fallo que garantice plenamente sus derechos. Asimismo, calificó la decisión de «arbitraria y contradictoria», pese a que, según afirma, el propio Tribunal Supremo reconoce parte de los argumentos técnico-jurídicos expuestos por la empresa y respaldados por la Sala Constitucional.
La compañía advirtió que el nuevo fallo ocasiona un «grave e injusto daño» no solo a Soboce, sino también a la seguridad jurídica y al clima de inversiones en Bolivia. En ese sentido, señaló que la decisión constituye un precedente preocupante para la inversión privada al afectar los principios de certidumbre y proporcionalidad que deben regir en el ámbito empresarial.
Como parte de su estrategia de defensa, Soboce informó que activará todos los recursos legales disponibles y agotará las instancias jurisdiccionales, constitucionales y, de ser necesario, internacionales para revertir la resolución.
Fancesa
En el mismo comunicado, la empresa vinculó el conflicto judicial con la indemnización pendiente por la expropiación de sus acciones en Fancesa, dispuesta mediante el Decreto Supremo N.º 0616 del 1 de septiembre de 2010. Según Soboce, el Estado boliviano mantiene desde hace más de 16 años una deuda que supera $us 290 millones por ese concepto.
La cementera aseguró que la demanda que promovió Fancesa se utilizó como un mecanismo para retrasar el pago de esa compensación.
«El verdadero objetivo es no pagar la expropiación», sostiene el comunicado. En el que la empresa afirma que el proceso judicial fue instrumentalizado para dilatar el cumplimiento de esa obligación.
Finalmente, Soboce ratificó que continuará ejerciendo su derecho a la defensa bajo la legislación boliviana y el derecho internacional.
Asimismo, expresó su confianza en que prevalecerá el Estado de Derecho y aseguró que mantendrá sus operaciones y su compromiso con el desarrollo del país mientras prosigue la disputa judicial.
