Durante su intervención en el Antalya (Turquía) Diplomacy Forum, el Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó: “Los minerales críticos han dejado de ser simples insumos industriales para convertirse en factores determinantes del poder global”. … “Hoy, la capacidad de un país no se mide sólo por los recursos que posee, sino por su capacidad de procesarlos, industrializarlos e insertarlos en cadenas de valor avanzadas”, remarcó.
El Canciller advirtió que la alta concentración del procesamiento de estos recursos en un número reducido de países genera dependencias estructurales que condicionan la economía global y redefinen las relaciones internacionales. De cara a este panorama, destacó que Bolivia enfrenta una oportunidad histórica, particularmente en torno al litio, uno de los recursos más demandados en el marco de la transición energética.
Sin embargo, subrayó que el desafío central es evitar la reproducción de modelos extractivos del pasado. En esa línea, anunció que la estrategia boliviana se basa en cuatro pilares: industrialización, transferencia tecnológica, diversificación de socios y soberanía sobre los recursos naturales. Afirmó que “el país tiene una verdadera estrategia, basada en la industrialización con soberanía, orientada a aprovechar sus recursos naturales, mediante procesos productivos internos y desarrollo tecnológico propio.” (La Razón, 20/4/26)
Estas palabras traducen lo que la Constitución del Estado Plurinacional sostiene: “Art. 9.6: Promover y garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”.
Estos propósitos son viejos anhelos de quienes soñaban con un futuro próspero para la nación. Los conservadores del siglo XIX hablaban de la minería como una fábrica de fábricas, contra el discurso de la libre exportación de la plata; los mineros del siglo XX decían que la nacionalización de las minas era incompleta sin hornos de fundición; el saqueo del gas para satisfacer economías extranjeras, sin que nosotros pudiéramos disfrutar de sus cualidades, abrió un nuevo proceso de nacionalización, cuyo derrotero lo señala el texto constitucional, convirtiéndose en política de Estado.
El camino no es fácil. En este intento ha habido errores y desatinos, consecuencia de lo cual llueven epítetos para descalificar los procesos de industrialización y el control del Estado sobre la cadena productiva; así se hunden proyectos con el propósito de volver a la política extractivista, que no requiere otro esfuerzo que llamar a socios estratégicos para que hagan el trabajo y vivir de la renta de las regalías, sin importarles la agregación de valor y la diversificación productiva del país; que también significa soberanía tecnológica y productiva, con la provisión de los insumos necesarios para la producción.
Lo peligroso es que esta actitud mezquina contagie a los conductores del Estado, quienes ofrecen al país en subasta, con el fin, dizque, de atraer inversiones. La presencia de funcionarios de gobierno en Miami, Toronto y Washington, que proclaman que Bolivia está abierta al mundo, parecen contradecir al Canciller; él sabe que los oídos serán sordos mientras no se cambie la ley de leyes. Esta es una batalla que no se define en cuatro paredes, sino implica otros escenarios, sensibles e incontrolables, más allá de la dilatación de la discusión y la posibilidad de graves conflictos.
Mientras tanto, no pueden paralizarse los proyectos en marcha, como el del litio en Llipi, que sin que se concluya se le pide utilidades; ni la planta de urea y amoniaco, (ahora que escasea el fertilizante en el ámbito mundial), que trabaja intermitentemente; son emprendimientos con mucha inversión y es innegable la agregación de valor que producen.
