El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, está nuevamente en el centro de la polémica por su entorno de confianza. Esta vez, su jefe de Recursos Humanos ha sido acusado de violación. Así, Huaytari y los suyos expresan el deterioro del Órgano Legislativo, que no delibera, no legisla, no fiscaliza. ¿Quién y por qué sostiene en el cargo al presidente de Diputados?
En noviembre del año pasado, el diputado Huaytari fue postulado por la facción arcista para asumir la presidencia camaral, en reemplazo de Jerges Justiniano, quien pasó a la jefatura de bancada del MAS. Fue electo con el apoyo de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) y la facción camachista de Creemos. Así se formó la actual directiva de Diputados. Desde el inicio de su gestión, Huaytari mostró ineptitud para presidir las sesiones, que luego se convirtieron en esporádicas y escenario de enfrentamientos.
Más allá del pobre desempeño de Huaytari para presidir la Cámara en un contexto de parálisis decisoria y bloqueo institucional, lo más crítico tiene que ver con las denuncias y las acciones de sus allegados. Hace apenas unos días, su jefe de Contrataciones fue aprehendido en flagrancia mientras cobraba una coima a un proveedor de servicios de la Cámara. En su descargo, implicó al presidente de Diputados y a otros dos funcionarios. “Los que tienen que caer, que caigan”, dijo Huaytari, que negó conocer a su personal.
En enero de este año, el Ministerio Público activó una pesquisa contra el presidente de Diputados por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. El origen es un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, que detectó 193 depósitos bancarios a favor de Huaytari, quien niega todo, asegurando que “tratan de inculparlo”. No hay información sobre el curso de la investigación. Tampoco el titular de Diputados ha tenido interés en aclarar las denuncias. “El delito es personal”, asegura.
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Hay quienes sostienen que la legislatura del actual período constitucional es la peor desde la transición a la democracia. Lo dicen por el nivel de las y los asambleístas electos (hay valiosas excepciones, por supuesto). Y también porque la propia legislatura está constreñida por decisiones judiciales, como ocurre con la facultad fiscalizadora de la Asamblea Legislativa y la penosa preselección de postulantes para las elecciones judiciales. Esa mediocridad se expresa en la selección de personal de confianza.
Respecto a Huaytari, vistas las evidencias (sus jefes de Contrataciones y de Recursos Humanos están presos bajo acusación de delitos graves), hay una duda razonable de por qué continúa en el cargo y quién lo sostiene pese a su magro desempeño. También hay indicios de vendettas internas. Es cierto que la responsabilidad por los ilícitos es personal, pero hay un presidente y una directiva (opositores incluidos) que deben velar por el normal funcionamiento de la Cámara. La degradación de la Asamblea Legislativa debería tener límites.
