Aunque parece haber algunos avances, en el debate público la cultura suele aparecer como un convidado de piedra. Algunos ya dicen que importante, sí, pero prescindible frente a otras urgencias. Sin embargo, desde hace una década, La Paz cuenta con una herramienta que contradice esa mirada: la Ley Municipal Autonómica Nº 265 de fomento, salvaguarda, desarrollo y promoción de las culturas y las artes. Es bueno recordarla, sobre todo ahora, cuando se abren nuevos ciclos de gestión.
La Ley 265 no nació de la improvisación. Fue el resultado de un proceso colaborativo impulsado entre 2015 y 2021, que articuló a la Secretaría Municipal de Culturas, el Concejo Municipal, actores del sector cultural y asesores internacionales. Su diseño se alineó con estándares globales como la Agenda 21 de la Cultura, con el acompañamiento de redes como CGLU, Mercociudades y la UCCI. No es un dato menor: La Paz se posicionó entonces como ciudad piloto en políticas culturales.
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Su mayor fortaleza, sin embargo, está más en su enfoque que en su origen. La norma reconoce la cultura como un derecho y una necesidad básica, no como un lujo e introduce principios clave: la corresponsabilidad entre Estado y sector cultural; la sostenibilidad, entendiendo la cultura como el cuarto pilar del desarrollo; y la salvaguarda del patrimonio, tanto material como inmaterial.
Además, institucionaliza mecanismos que antes dependían de la voluntad política de turno. Es el sustento legal de fondos concursables como el FOCUART, la promoción de espacios para el arte en el desarrollo urbano o la continuidad de hitos como la Larga Noche de Museos. En otras palabras, la Ley 265 busca evitar los habituales retrocesos que vienen con cada cambio de administración.
Sin embargo, la distancia entre la norma y su aplicación ha sido evidente. En la gestión 2021–2025, aunque se mantuvieron estructuras y programas, el cumplimiento fue parcial. El presupuesto destinado a cultura estuvo sistemáticamente por debajo del mínimo establecido del 3.5% de los ingresos propios, oscilando entre el 0.2% y el 1.6%. Si bien la ejecución de esos recursos fue relativamente alta, los montos fueron insuficientes.
A ello se suman debilidades en la descentralización —con una oferta cultural concentrada en el centro—, la participación ciudadana limitada y la falta de transparencia en la información. La ausencia de mecanismos activos como consejos de cultura, así como los problemas en la protección del patrimonio (no olvidemos la casa azul de la calle Campos), evidencian una implementación incompleta.
En los últimos cinco años la gestión cultural ha sido más eficaz como herramienta de comunicación y evento público que como sistema de protección de derechos y bienes culturales. Por eso, recordar la Ley 265 es una exigencia política que requiere la suma de fuerzas. Las nuevas autoridades municipales tienen la oportunidad —y la obligación— de asumirla plenamente: garantizar el presupuesto, fortalecer la institucionalidad cultural, ampliar la cobertura territorial y dar transparencia a la gestión. Será esencial también separar la gestión técnica del patrimonio de las presiones políticas y comerciales, y garantizar una inversión equitativa que llegue a cada uno de los distritos.
En 2026, el inicio de nuevas gestiones tanto municipales como departamentales de todo el país es una oportunidad clave para que integren a la cultura dentro de sus ejes de desarrollo y la Ley 265 sigue siendo la herramienta de consulta obligatoria.
Varias ciudades de Sudamérica han demostrado que, con presupuesto participativo, infraestructura y leyes robustas, la inversión en cultura rinde beneficios sociales y económicos. Sólo así la cultura dejará de ser un mero tema simbólico y se convertirá en un activo institucionalizado al servicio de toda la sociedad.
Cuando la cultura deja de ser simbólica y se convierte en política pública sostenida, la ciudad no solo crece: se reconoce a sí misma, mejora la convivencia y se sientan las bases para mucho más.
(*) Isabel Navia Quiroga es comunicadora y periodista.
