El discurso económico de las izquierdas bolivianas está a la defensiva. El deterioro y los desajustes de la economía están incentivando críticas intensas sobre la incapacidad de la actual gestión gubernamental en ese ámbito, pero también ataques a las orientaciones del modelo socioeconómico distributivo.
La reducción del gasto público como solución a todos los males se está volviendo un lugar común entre opinadores y políticos de todos los pelajes. La confusión ideológica es tan grande que personajes situados en la esfera de la izquierda, la colocan como la salida obvia del actual desarreglo. La mayoría de ellos, eso sí, sin claridad de lo que eso implica y de cómo podría ejecutarse.
Esa aversión “al déficit fiscal” se extiende, además, en muchos casos a la propia acción del Estado, calificada como necesariamente ineficaz y corrupta. La crítica viene tanto desde el populismo libertario, obnubilado en su primitivismo mileísta y en los delirios de la “escuela austriaca”, como de ciertos anarquismos alérgicos frente a cualquier autoridad estatal.
Evidentemente, la ineficacia del gobierno de Arce no ayuda mucho a la defensa de una visión que reivindica un papel crucial para el Estado en la regulación de la economía en función de objetivos de desarrollo y de justicia social. Es decir, el discurso económico de las izquierdas palidece e incluso se opaca totalmente frente a la corrupción de los funcionarios, la falta de orientación en las entidades gubernamentales y el despilfarro de los recursos públicos.
Por supuesto, siempre es más fácil identificar los excesos de cualquier orientación política para descalificarla en su conjunto por generalización. Algo de eso le paso al denominado “neoliberalismo” en las primeras décadas de este siglo y ahora le toca el turno al nacionalismo económico. Todo es pues contingente en el mundo de las ideas políticas.
Sin embargo, vayamos a lo que realmente importa, abandonemos esa insoportable pose melancólica e impotente de los intelectuales izquierdistas lamentándose todo el día ante la implosión del masismo y buscando saber cuándo se jodió realmente el proceso de cambio. No hay que perder tiempo, hay que actuar, renovarse en formas y sobre todo ideas.
Ese ejercicio pasa por una relectura de los cambios que Bolivia experimentó en estos 20 años, identificando sus luces y sobre todo sus sombras. Es el momento de reconocer los errores, los pequeños, grandes y enormes, los que se cometieron por inacción, pero de igual modo en los que se actuó con insistencia y alevosía.
Hay que reivindicar la regulación y la distribución de la riqueza como elementos para construir economías modernas, pero también sociedades más justas, sin que eso nos impida repudiar el mal uso de los recursos fiscales o la insistencia en intervenciones desordenadas y sin sentido.
Es decir, abogar por un protagonismo del Estado en la economía nos obliga a trabajar por mejores entidades públicas, con reglas claras, límites bien definidos, burocracias bien formadas, austeridad fiscal y claridad política sobre sus propósitos. Digámoslo, sin ninguna timidez, el mayor error del Estado Plurinacional fue su incapacidad de encarar una profunda reforma del Estado al ritmo que requería su propio éxito.
Incluso, demos un paso más, el fortalecimiento de la acción pública no debería ser, en ningún caso, una razón en sí misma. Debería estar siempre vinculado a metas relacionadas con la ampliación de las capacidades y la autonomía de los ciudadanos. Un país donde el Estado controla el 60% de la economía no es mejor por su gran dimensión o por la soberbia de los burócratas que la manejan, sino en la medida que eso aumenta las libertades de sus ciudadanos para lograr la vida que les satisfaga.
Estados que, por otra parte, no pueden desvincularse del funcionamiento de los mercados, que son, al final, expresiones de la estructura social en la que deben intervenir. Ahí están también límites ineludibles que deben considerarse.
En síntesis, el legado socioeconómico del Estado Plurinacional es bastante más significativo y valioso del miserable espectáculo que algunos de sus actuales gestores no están dando. Hay que volver a reivindicarlo con fuerza, pero con humildad, no por nostalgia, sino para proyectarlo hacia el futuro.
Armando Ortuño es investigador social.
